El 17 de agosto se cumplirá un año desde el inicio de la legislatura y el balance legislativo, al menos en materia económica, es nimio: las comisiones económicas han aprobado sólo una ley, la que regula la nueva Autoridad para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación.
El resultado no dista del registrado en el resto de comisiones, pese al acelerón dado en julio, en el que se han aprobado más leyes que en todos los meses anteriores –cuatro propuestas enviadas al Senado y dos aprobadas definitivamente, entre ellas la de la citada Autoridad–.
La agenda económica se ha concentrado a golpe de decreto-ley. Todo proyecto económico quedó afectado por la congelación legislativa ‘decretada’ por el Gobierno al convocarse las elecciones catalanas. El atasco aboca a un fin de año ‘movidito’ en las comisiones que, hasta el momento, no han estrenado su casillero legislativo.
ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Se trata de un proyecto ‘cocinado’ la pasada legislatura. A diferencia de otras iniciativas rescatadas, el Ejecutivo retomó los trámites a partir de los cambios introducidos en el Congreso, lo que ‘a priori’ facilita ahora su tramitación.
En todo caso, sigue en plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, y eso a pesar de haber llegado a la Cámara el pasado marzo. El objetivo del Gobierno entonces era tenerla aprobada este mismo año.
En la Comisión también espera otro proyecto, la trasposición de la última directiva de seguros de automóviles que extenderá el seguro obligatorio a patinetes eléctricos, vehículos agrícolas e industriales. Reforma la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor y la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto complementario para la imposición mínima de grandes multinacionales. Hacienda se marcó entre sus objetivos aprobar antes de fin de año este proyecto de ley, dirigido a asegurar una imposición mínima del 15% para multinacionales y grandes grupos nacionales en la Unión Europea.
Se trata de una trasposición que España tendría que haber aprobado antes de este año y por cuyo retraso Bruselas ya ha pedido explicaciones, bajo amenaza de denuncia. En la Comisión de Hacienda los ponentes del Gobierno esperan su reactivación en septiembre.
En materia de Función Pública, acaba de llegar a la comisión la Ley de Función Pública, como complemento a las reformas tramitadas en el Decreto-Ley Ómnibus (Decreto-Ley 6/2023) que se aprobaron a finales del año pasado. El proyecto derivado de este decreto se tramita en la Comisión de Justicia.
La Comisión de Hacienda también tramita el proyecto derivado del Decreto-Ley 8/2023, que concentra una batería de enmiendas con medidas ya aprobadas en otras normas, como la subida de sueldo de los empleados públicos, la supresión del IVA al aceite o la prórroga de la cláusula antidesahucios, lo que deja en el aire su continuidad.
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Es quizás la comisión que espera más carga regulatoria en los próximos meses, o por lo menos eso se desprende de los diferentes frentes abiertos con sindicatos y patronal por parte de Trabajo y Seguridad Social. Otra cosa es cómo decida el Gobierno la tramitación de las reformas, si bien la debilidad parlamentaria ha restringido en gran medida el uso del decreto-ley.
Trabajo centra sus esfuerzos en la reducción de jornada, si bien las resistencias de la patronal y la voluntad del Ejecutivo de sacar adelante este cambio con un acuerdo están dilatando el proceso. De la mano van también cambios en el registro horario y recientemente se ha incorporado el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.
En la agenda también está la automatización de las subidas del salario mínimo, para fijarlo en el 60% del salario medio independientemente de la voluntad política del Gobierno y cambios en la indemnización por despido, acorde a la reciente sentencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, para asegurar una indemnización reparadora. Y todo ello con el Estatuto del Becario, pactado con los sindicatos la pasada legislatura, pendiente de aprobación.
En lo que respecta a Seguridad Social, el presidente del Gobierno anunció en el balance del curso político un nuevo acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones. Los asuntos que venía trabajando los últimos meses tienen que ver con materias como un nuevo marco de jubilación parcial y de jubilación activa; el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en relación con la implicación de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la Incapacidad Temporal (IT); o el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.
El acuerdo ha sido suscrito por el Gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y las sindicales CCOO y UGT.
Por ahora, se espera la trasposición de la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, una norma que debía haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes de agosto de 2022, por lo que acumula ya más de dos años de retraso. En marzo vio registradas sus enmiendas pero cayó en la parálisis por el ciclo electoral.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Tras sacar adelante los proyectos de agentes y bomberos forestales –enviados ambos ya al Senado–, en la Comisión esperan otra iniciativa de carácter medioambiental pero con impacto importante en la industria, la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Paradójicamente, en materia energética se tramitan más cambios en la Comisión de Hacienda, dado el alcance de las enmiendas registradas al penúltimo ‘decreto- ley anticrisis’ (DL 8/2023), donde Gobierno y oposición plantearon cambios en la tramitación de proyectos de almacenamiento y autoconsumo.
INDUSTRIA Y TURISMO
En el Congreso esperan en septiembre la prometida Ley de Industria, cuyo anteproyecto se presentó este mes de julio. El plan del Gobierno es poder aprobarla antes de fin de año, pero los plazos en esta iniciativa no han dejado de superarse.
AGRICULTURA
Desperdicio alimentario. Aprobado la pasada legislatura en el Congreso, fue de los primeros proyectos que el Gobierno recuperó al reeditarse la coalición. La previsión era haberlo aprobado antes de verano, pero quedó afectado con la parálisis legislativa tras la convocatoria electoral en Cataluña.
Lleva con sus enmiendas registradas desde mayo y entre ellas el Ministerio de Agricultura ha incluido cambios como la reforma del sistema de representación agraria, la conversión de la AICA en una agencia estatal o en la normativa de espacios de prueba.
DERECHOS SOCIALES Y CONSUMO
Servicios de Atención a la Clientela. Otro proyecto heredado de la legislatura pasada y sobre el que el Gobierno aún no ha movido ficha, al menos en los trámites parlamentarios. Sí ha habido conversaciones y aproximaciones, pero lleva desde marzo a la espera de que concluya el primero de sus plazos de enmiendas. El inicio de los trabajos se espera en septiembre.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
La única comisión económica que ha dado ‘luz verde’ a una ley tiene otros dos proyectos en la recámara: la Ley de Movilidad Sostenible y la reforma de las Leyes de Seguridad Aérea y Navegación Aérea.
La primera es el proyecto estrella del ministerio y, como compromiso del Plan de Recuperación, debe ser aprobado este año a riesgo de perder fondos europeos. El objetivo era haberle dado salida en la primera mitad de año y el ciclo electoral dio al traste con ello. Se espera para septiembre, al igual que la segunda reforma, sin descartar desde el PSOE una tramitación simultánea.
VIVIENDA Y AGENDA URBANA
Otro ministerio con deberes en ‘rojo’ para las próximas semanas y meses, que ha anunciado cambios normativos ante la exigencia de medidas por parte de sus socios y la sociedad civil.
Los cambios, eso sí, puede que no lleguen a la comisión del ramo, ya que busca completar por decreto (no decreto-ley) la normativa sobre alquileres estacionales y la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal vía decreto-ley.
Reforma de la Ley del Suelo. Tras la retirada del proyecto de ley para evitar una derrota parlamentaria, el PSOE pactó con el PNV una proposición de ley de casi idéntico contenido, salvaguardando las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
La propuesta inicial tenía enfrente a Podemos, ERC, Junts y tampoco convencía a Sumar, que acabó celebrando la retirada del proyecto, por lo que seguiría supeditada a futuros acuerdos o a la negociación con el PP.
Los ‘populares’ también tienen previsto impulsar en septiembre una proposición de ley en el Senado con los cambios que defienden en la regulación urbanística.
PRESUPUESTOS
Y, con todo, el proyecto más esperado de todos es el de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. El último pleno antes de agosto enfrió las expectativas al tumbar Junts con PP y Vox la senda de estabilidad presupuestaria.
El golpe no debería truncar los planes del Ejecutivo, que debe llevar otra senda en el plazo de un mes. Junts ya le ha invitado a hacerlo, exigiendo compromisos de ejecución presupuestaria.
La idea del Gobierno era presentar unas nuevas cuentas públicas en octubre. En la coalición, los equipos negociadores ya tienen lista su documentación y esperaban iniciar la discusión este mismo mes.
Bonus track: ¿Alguna esperanza en ellas?
Completan el mapa legislativo pendiente iniciativas impulsadas sin el visto bueno del Gobierno, algunas ya tramitadas en la Cámara, pero con menos posibilidades de ser activadas.
Entre las iniciativas remitidas por el Senado está la rebaja del IVA aplicado a los servicios de peluquería, del PP, y de las impulsadas por la oposición, la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, impulsada por ERC. Ambas esperan en trámite de enmiendas y los tiempos ahí los marca la mayoría de la que gozan en la Mesa PSOE y Sumar.
En septiembre también llegará al Pleno, para su toma en consideración, otra proposición de ley, llevada al Congreso por los sindicatos de inquilinas y registrada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, con el fin de extender a los contratos de temporada y por habitaciones las garantías de la Ley de Vivienda. Sin el voto del PSOE, la propuesta no podrá avanzar.