La consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco, ha explicado que su departamento está analizando en detalle las distintas situaciones de las personas obligadas a reintegrar importes por cobros indebidos vinculados a la gestión del Salario Social Básico y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que se está elaborando una modificación normativa para afrontarlo.
“Estamos trabajando con una norma, no puedo adelantar más porque esta norma garantizaría en todo caso, una reforma y no va a ser solamente una mera declaración de intenciones, sino que tenga efectos inmediatos. Queremos solventar este solapamiento mal resuelto con el ingreso mínimo vital que ahora pretendemos corregir con criterios de justicia social y seguridad”, dijo Del Arco.
La consejera respondía así a la cuestión planteada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre qué actuaciones prevé el Principado para aliviar la situación de las personas perceptoras del salario social básico y/o del ingreso mínimo vital a las que se les exigen actualmente devoluciones a la Administración por duplicidades o excesos de pago, con deudas tan altas que resultan inasumibles con sus ingresos actuales.
Del Arco ha subrayado que el Ejecutivo autonómico reconoce la existencia de este problema y que está trabajando para darle respuesta desde el ámbito normativo.
Por su parte, Covadonga Tomé ha remarcado la urgencia de encontrar una salida a la “gravísima situación” y a la profunda inquietud de las personas y familias afectadas por estas deudas generadas de forma involuntaria con la Administración, cuyo abono, con intereses del 4,026%, les impide contar con recursos suficientes para mantener unas condiciones de vida dignas.
La diputada ha recordado que se trata de un conflicto de gran calado social que la Asociación Alambique ha trasladado al Defensor del Pueblo y que, según sus estimaciones, afectaría a unas 1.000 personas en Asturias.
Gestión de la dependencia en el Principado
En otra parte de la comparecencia, la consejera ha vuelto a ser objeto de críticas por parte de la diputada del PP, Beatriz Polledo, en relación con la gestión de la ley de Dependencia en Asturias. Polledo ha cuestionado a Del Arco sobre si admite que la situación de la dependencia ha empeorado en 2026, hasta el punto de situar a la comunidad entre las autonomías con peores plazos medios de tramitación en España.
La responsable de Bienestar y Derechos Sociales afirmó “no compartir esa premisa” y señaló que sí existe un problema en los tiempos de valoración de la dependencia que el actual gobierno ha reconocido y está tratando de corregir, pero rechazó que 2026 pueda calificarse como un ejercicio de retroceso.
“Permítame que me plantee si esta pregunta tiene que ver con obtener alguna respuesta o ser el pie para su discurso y ruido habitual. Si su forma de hacer política es hacer ruido y esconder la realidad y le invito sinceramente a reconsiderar este enfoque. Este gobierno sigue seguimos firme con el compromiso con lo público con las personas y no vamos a dar ni un paso atrás”, dijo Del Arco.
Polledo, sin embargo, advirtió a la consejera de que insistirá en esta cuestión “todas las veces que haga falta” porque su “obligación como consejera es responder en el Parlamento” y sostuvo que la gestión de Del Arco se resume en “de mal a peor”.
La diputada popular volvió a exigir, una vez más, la dimisión inmediata de la consejera.