El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, explicó este martes en la Junta General que su departamento ya dispone de un borrador de la instrucción que definirá los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), en la que se fijarán con precisión los criterios que regirán su tramitación.
“La orientación que les puedo trasladar y que les puedo adelantar es que en ningún caso supondrán la extracción de mineral, incluido carbón, más allá de catas o de sondeos o calicatas, para determinar la existencia, volumen o calidades de los recursos en concesiones activas que dispongan de proyectos de explotación previamente autorizados”, explicó Borja Sánchez.
Con estas palabras respondía al diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que le había preguntado por los perjuicios económicos que, a su juicio, están sufriendo empresas y plantillas cuyas tareas se apoyaban en los PIC y que ahora permanecen paralizadas ante la inseguridad jurídica que rodea esta figura.
El consejero puntualizó, frente a lo sostenido por Centeno, que desde 2021 únicamente una compañía dispone de un PIC en vigor, TIC-Narcea. En el caso de Mina Miura, precisó que lo que tiene autorizado es un proyecto de explotación, mientras que en Cerredo el PIC nunca llegó a desplegar efectos jurídicos al no presentarse el plan de labores, requisito que se había comunicado a la empresa como condición indispensable.
Sánchez aprovechó su intervención para detallar el grado de avance del Plan Regenera, impulsado tras el informe de la Inspección de Servicios sobre el accidente mortal registrado en la mina de Cerredo.
Indicó que, además de la citada instrucción sobre los PIC, la consejería dispone también del borrador de la instrucción relativa a la transmisión de derechos mineros, que fijará los criterios y las exigencias de solvencia técnica y económica necesarias para acreditar la capacidad de los adquirentes. “Ambas instrucciones ya están ultimadas y en fase de revisión final”, dijo el consejero.
Señaló igualmente que está muy avanzado el procedimiento de modificación del decreto de estructura orgánica que prevé la creación de la Jefatura de Servicio de Seguridad Minera. Los tres expedientes de actuaciones previas ya se han puesto en marcha y, una vez se cubra la Jefatura del Servicio de Minas, comenzará el programa de inspecciones.
Borja Sánchez reiteró que Asturias aspira a seguir siendo un actor relevante y con protagonismo en la transición energética y en el cambio de modelo productivo.
Apoyo a los trabajadores de Mina Miura
El consejero trasladó asimismo su respaldo y el del Gobierno de Asturias a la plantilla de Mina Miura, que este miércoles llegará a Oviedo tras la marcha iniciada desde la explotación, y manifestó que considera legítimas y razonables sus demandas. E“spero que la empresa acabe ya de presentar el ERTE en la consejería, estamos esperando por él y lo que espero es que se les abone la totalidad de los salarios que se les adeudan, porque no son 10 nóminas, son 13 nóminas”.
También aludió a la situación de TIC Narcea y remarcó que “en ningún caso va a autorizar ninguna actividad que afecte a antiguas explotaciones de carbón sometidas al plan de cierre sin disponer de ese dictamen del Instituto de la Transición Justa”.
“En el caso de Tic Narcea, nuestro compromiso es seguir tramitando el proyecto de explotación. No es cierto que no se esté tramitando, claro que se está tramitando y justamente se están ultimando los trámites para poder elevarlo a información pública. Lo que ocurre es que la decisión final estará a su vez condicionada a la aclaración que deba hacer el ITJ a la empresa sobre si tienen o no tienen que devolver algún tipo de ayuda”, explicó.
Subrayó Borja Sánchez que es “plenamente consciente de que la actividad minera puede ser una fuente de empleo y de riqueza en el suroccidente”, pero insistió en que todo debe desarrollarse dentro de la legalidad. “Minería sí, riqueza sí, empleo sí, pero siempre dentro de la ley y con todas las garantías, porque esto es lo que hay que trasladarle tanto a las empresas como a los trabajadores”, dijo.
Críticas de Vox al uso de los PIC
Por su parte, el diputado de Vox Gonzalo Centeno sostuvo que “la sospecha que cada día que pasa se va convirtiendo más en certeza es que el uso de los PIC en fraude de ley no viene de los funcionarios de la inspección de minas que lo autorizaron, ni de los juristas que han ido configurando la naturaleza de este permiso, pero para situaciones regladas por la ley, sino de los altos cargos del Principado”.
A su juicio, “siendo benevolentes, es muy fácil adivinar el origen de todas estas decisiones políticas que, con el uso fraudulento de los PIC, han llevado a esta situación, desde el cierre de las explotaciones del carbón deficitarias decretado por la Unión Europea en 2018, a la vez que se subvencionaban los costes, sobre todo los laborales”.
“He llegado a la conclusión que, al revés de lo que está ocurriendo por aquí, el PIC no es ilícito. Lo que ocurre es que no se emplea para lo que se creó. El problema no es de encaje legal, sino de práctica administrativa”, dijo Centeno, que se preguntó “que va a pasar con el empresario de buena fe que inició una explotación amparado por un PIC que creía legítimo y al que le encaminó la administración, qué va a pasar con su inversión y qué va a pasar con el empleo que había creado”.