Los Grupos Parlamentarios Popular y Foro Asturias han presentado de forma conjunta ante la Mesa de la Junta General una iniciativa para que el Pleno de la Cámara pida oficialmente a la Sindicatura de Cuentas la elaboración de un informe técnico extraordinario y pormenorizado sobre la operación de apoyo financiero concedida por el Principado de Asturias a la empresa Duro Felguera.
El propósito de la propuesta es que el órgano fiscalizador emita un pronunciamiento sobre el tratamiento contable, presupuestario, de intervención y de auditoría de las ayudas públicas dirigidas a sostener la solvencia de la compañía.
“Según la documentación técnica analizada, las decisiones del Consejo de Gobierno han dejado desprotegidos los fondos públicos, agudizando el riesgo de impago hasta niveles críticos”, explicó el diputado del grupo parlamentario popular, José Agustín Cuervas-Mons.
El PP subraya que esta petición se fundamenta en la Ley del Principado de Asturias 3/2003 y en el Reglamento de la Junta General (RJG), que habilitan a la Sindicatura para prestar asesoramiento a la Cámara en las materias que forman parte de su ámbito de actuación.
Un préstamo participativo sin garantías
El conflicto arranca con el contrato de préstamo participativo de 6 millones de euros otorgado por el Principado a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP). Tal y como recoge el informe de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2024, el Gobierno de Asturias aprobó en diciembre de 2023 una modificación del contrato que eliminó la garantía de cobro que respaldaba al Principado.
Esta decisión “suprimió los blindajes legales” en un contexto de especial fragilidad de la empresa receptora. “Estamos ante una gestión negligente de los recursos de todos los asturianos; se modificaron las condiciones para facilitar la supervivencia de una empresa privada a costa de vaciar de derechos el crédito público”, denuncia Cuervas-Mons.
La situación se ha agravado tras la validación del Plan de Reestructuración de Duro Felguera el 14 de noviembre de 2025. El plan incluye una quita del 100% sobre el préstamo de la SRP, lo que implica en la práctica que el Principado de Asturias renuncia a recuperar cualquier cantidad de la inversión comprometida.
Aunque el Consejero de Hacienda sostuvo recientemente que el crédito de la SRP a Duro Felguera es de “naturaleza privada”, la Sindicatura de Cuentas se distancia de esta interpretación laxa.
“El órgano fiscalizador señala que el Principado debería haber reflejado ya un deterioro de 99,49 millones de euros en su cartera de préstamos -incluyendo otras entidades como Gijón al Norte o GISPASA- por no cumplir con el principio de prudencia contable”, subraya el parlamentario.
Ante lo que califican de “menoscabo evidente de fondos públicos”, ambos grupos parlamentarios pedirán al Pleno de la Junta General que la Sindicatura de Cuentas precise “el tratamiento contable y presupuestario real de la operación; el impacto del deterioro económico derivado de la supresión de garantías; y si la calificación de “crédito privado” esgrimida por el Gobierno busca eludir los controles de la Intervención General”.