La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha manifestado este miércoles su oposición frontal a la propuesta de dejar fuera a personas inmigrantes del acceso a la sanidad pública, una iniciativa que califica de “discriminatoria”, “inhumana” e “innecesaria”.
La organización se refiere al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, en el que se plantea “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” y se defiende la “prioridad nacional”.
Según la FADSP, trasladar estos planteamientos al sistema sanitario se apoya en la “mentira” de que garantizar la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular haría inviable el sistema público. La federación remarca que “existe suficiente evidencia” de que el SNS puede “asumir perfectamente” la atención de este colectivo.
En su análisis, la entidad sostiene que lo que realmente compromete “en riesgo real” la sostenibilidad de la sanidad pública son las políticas de bajadas de impuestos, que reprocha tanto al Partido Popular como a Vox, junto con el incremento “desbocado” del gasto farmacéutico y tecnológico “innecesario” y las transferencias de recursos públicos al sector privado.
Además, la federación advierte de que la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes podría elevar el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles y abrir la puerta a nuevas exclusiones que afecten a otros grupos vulnerables. A su juicio, “sería difícilmente asumible para la gran mayoría de la población contemplar que las personas inmigrantes arrastren públicamente sus dolencias y enfermedades sin ser atendidas”.
La FADSP denuncia también que, con la finalidad de dejar fuera del sistema a las personas inmigrantes, los gobiernos del Partido Popular y, en particular, el de Madrid, pretenden “incumplir la legalidad no aplicando” el real decreto que reconoce y garantiza la asistencia sanitaria a este colectivo.
Por último, la federación llama a las fuerzas políticas y sociales a oponerse a esta propuesta, “que atenta contra la ética ciudadana y contra los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias”, y reclama mantener el carácter universal del sistema sanitario público.