La Asociación el Defensor del Pacientes ha presentado ante la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, una solicitud formal para que se lleve a cabo una auditoría “integral y pública” de los datos de listas de espera que manejan las comunidades autónomas en el Sistema Nacional de Salud, al considerar que “se vulneran derechos fundamentales”, en concreto el derecho constitucional a la protección de la salud.
“Entendemos que la Fiscalía puede actuar de oficio o a instancia de parte cuando hay indicios de: Delito de denegación de auxilio sanitario si las demoras son graves y hay daño añadido por esas listas de espera; delito de lesiones o homicidio imprudente por retrasos injustificados; prevaricación administrativa, si hay órdenes de no derivar o maquillar listas; y vulneración del derecho a la salud del art. 43 CE + art. 14 CE de igualdad, porque las listas no son iguales en todas las CCAA”, argumenta la asociación.
Desde el colectivo se sostiene que “miles y miles de ciudadanos ven agravadas sus patologías en el 100% o fallecen esperando una prueba diagnóstica o intervención”; al tiempo que subraya que “los tiempos de espera para una misma patología varían brutalmente entre CCAA”, pese a que “un cáncer no entiende de códigos postales”.
El Defensor del Pacientes responsabiliza a determinadas comunidades autónomas de manipular o “maquillar” las cifras oficiales, ya que, según denuncia, los registros son “dispares, sin control externo sin olvidar las patologías o servicios que no les interesa reflejar”. “Hay sospechas fundadas de que se “paran los contadores” derivando a pacientes, excluyéndolos temporalmente o no registrando a todos para que no figuren o aplazar incluso a pie de quirófano”, advierte en su escrito.
Asimismo, la organización presidida por Carmen Flores sostiene que “se está cometiendo una ilegalidad masiva al someter a los pacientes a esperas que causan muerte y daño evitable”, y por ello reclama que se publiquen tiempos reales de espera por patología y por comunidad autónoma; el número de pacientes fallecidos mientras estaban en lista de espera en los últimos 5 años; la cifra de personas que empeoran de forma grave durante ese periodo; los criterios de inclusión y exclusión de pacientes en los listados oficiales, y si los programas informáticos permiten “resetear” o detener el cómputo del tiempo de espera.