Las plataformas de Mayores y Pensionistas (PMP) y de Organizaciones de Pacientes (POP) han vuelto a advertir de que su participación efectiva en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue siendo meramente formal, pese a que los derechos de los pacientes están ampliamente reconocidos y desarrollados en las leyes estatales y autonómicas.
“No basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que puedan ejercerse de forma real y en igualdad de condiciones”, ha señalado la presidenta de la segunda de estas organizaciones, Carina Escobar, quien ha añadido que ello “implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria, participación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores, que siguen sosteniendo buena parte de los cuidados”.
Coincidiendo con la celebración, este sábado, 18 de abril, del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, la PMP y la POP han reclamado que se haga efectivo el cumplimiento de los derechos sanitarios y sociales de los colectivos más frágiles. En particular, de quienes sufren más obstáculos de acceso, continuidad de la atención, cuidados y capacidad de participación, como las personas mayores, quienes viven con discapacidad y los pacientes con patologías crónicas.
Según ambas plataformas, la traslación práctica de los marcos normativos continúa siendo irregular e insuficiente, lo que genera situaciones de desprotección y vulneración de la autonomía personal de miles de pacientes. Han puesto el foco en problemas como la inequidad entre territorios, la falta de engranaje entre el sistema sanitario y el social y la brecha digital, que siguen impidiendo una atención equitativa, personalizada y continuada.
“La participación de las personas mayores no puede ser simbólica; es imprescindible escuchar su voz a través de sus organizaciones para atender sus necesidades específicas, incorporando su experiencia y, así, garantizar una buena atención en condiciones de igualdad y respeto”, ha subrayado el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.
Brecha digital y atención sociosanitaria
En este escenario, el “Observatorio de la Atención al Paciente 2025”, de la POP, constata que la brecha digital restringe el acceso de las personas mayores con enfermedad crónica o con discapacidad a múltiples servicios y recursos sociosanitarios.
El documento también refleja que el despliegue autonómico de la integración entre la atención sanitaria y la social continúa siendo muy dispar. Aunque la mayoría de comunidades autónomas incluye programas dirigidos a personas mayores o con cronicidad compleja, el informe alerta de que las mujeres con enfermedad crónica son el colectivo con menor cobertura específica entre los grupos analizados.
El movimiento de mayores insiste en que persisten fuertes barreras estructurales para ejercer sus derechos como pacientes, entre ellas los largos tiempos de espera, la fragmentación de la atención y una digitalización acelerada que, en numerosos casos, se ha traducido en exclusión y trabas añadidas. Frente a ello, reclaman un acceso rápido a los servicios cuando se necesitan, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria y un modelo que ponga a la persona en el centro y no solo a la patología.
Respecto al proceso de digitalización, la POP ha remarcado que la modernización tecnológica solo será compatible con los derechos de los pacientes si se acompaña de transparencia, formación en competencias digitales y supervisión humana. Su informe “Inteligencia Artificial en salud: Perspectivas de pacientes y familias”, de septiembre de 2025, evidencia que siguen existiendo grandes carencias de información, confianza y acompañamiento en este campo.
Cronicidad y falta de cuidados de larga duración
Otro ámbito en el que han puesto el acento es el de la cronicidad. El “Informe 2025 de la Clínica Legal”, también elaborado por la POP, constata que muchas de estas barreras se traducen finalmente en dificultades reales para hacer valer los derechos. El 42,6 por ciento de las consultas recibidas en 2025 estuvieron vinculadas con el ámbito laboral, incluidas dudas sobre incapacidad permanente, adaptación del puesto o mantenimiento del empleo.
Las organizaciones recuerdan que aún no se están proporcionando los cuidados domiciliarios que requieren muchos pacientes frágiles y que la inversión en recursos de media y larga duración continúa siendo mínima, con solo un 0,9% del PIB destinado a este ámbito. A ello se suma una coordinación deficiente entre los sistemas sanitario y social, que obstaculiza una atención adecuada, personalizada y continuada.
Tras recalcar la PMP que los derechos de los pacientes están ligados al derecho a recibir información, a participar y a tomar decisiones informadas sobre la propia salud, ambas entidades han dirigido un llamamiento urgente a las Administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario y social para que garanticen de forma efectiva los derechos de pacientes y personas mayores.
“El respeto a los derechos de las personas mayores como pacientes no puede depender de su lugar de residencia, de sus competencias digitales o de su capacidad para reclamar”, ha enfatizado Freire, que ha concluido afirmando que “garantizarlos es una obligación democrática y una cuestión de justicia social”.