España sí es país para personas LGTBI. De hecho, es el mejor, puesto que, por primera vez, encabeza el Mapa Arcoíris elaborado por ILGA-Europa, la clasificación que evalúa a 49 países europeos en función de sus prácticas legales y políticas dirigidas a las personas LGBTI. El país rompe así una década de liderazgo de Malta y pasa a ocupar el primer puesto del ranking.
La organización atribuye este ascenso al cumplimiento de compromisos recogidos en las leyes LGBTI y trans aprobadas en 2023. Entre los elementos destacados figuran la adopción de planes de acción para la igualdad de derechos LGBTI y trans, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la plena implementación de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario.
ILGA-Europa acompaña la publicación del informe con una valoración política sobre la situación europea. Su subdirectora, Katrin Hugendubel, sostiene que la clasificación de este año refleja dos dinámicas distintas dentro del continente: “El Mapa Arcoíris de este año narra dos historias a la vez. Una de auténtica valentía, en España, en los tribunales y en líderes que optan por apoyar a sus comunidades en lugar de convertirlas en chivos expiatorios. Y otra de un peligro real y creciente que no se puede subestimar”.
Cómo funciona el Mapa Arcoíris
La clasificación puntúa a 49 países europeos con una escala del 0% al 100% según su marco legal y político para las personas LGBTI.
El informe se apoya en la Revisión Anual de la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en Europa y Asia Central, una recopilación de datos cualitativos sobre el impacto de leyes y políticas en la vida cotidiana de estas personas.
Según ILGA-Europa, tanto los datos del Mapa Arcoíris como los de la revisión anual son verificados por más de 250 expertos de toda la región, entre ellos activistas, profesionales del derecho y especialistas en políticas públicas.
Malta pierde el liderazgo y España toma el relevo
Malta baja al segundo puesto con una puntuación del 87,73% (España llega al 88,7%). ILGA-Europa explica que el cambio responde al ascenso de España, aunque también apunta al estancamiento de las reformas maltesas. El informe señala que el país sigue sin contar con un marco integral contra la discriminación y menciona el Proyecto de Ley de Igualdad presentado en 2019, que continúa sin avances.
Islandia mantiene el tercer puesto, aunque mejora su puntuación hasta el 85,56%. La organización destaca la renovación del plan de acción para la igualdad y la puesta en marcha de algunas medidas incluidas en ese programa, entre ellas formación para trabajadores sociales especializados en casos de asilo.
En el extremo opuesto de la clasificación aparecen Rusia y Azerbaiyán, ambos con un 2%, y Turquía, con un 5%. Dentro de la Unión Europea, Rumanía se mantiene como el país peor situado, con un 19%, seguida por Bulgaria, con un 20%, y Polonia, con un 22%.
Los principales datos del informe
El informe recoge que siete países europeos no cuentan con protección legal contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
Según la clasificación, Albania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Montenegro y España son los únicos países con cobertura completa en sus marcos legales antidiscriminación.
ILGA-Europa señala también que las prácticas de conversión solo están prohibidas en diez países. El matrimonio igualitario está disponible en 22 países, mientras 18 no ofrecen ninguna protección legal a las parejas del mismo sexo.
La paternidad trans está plenamente reconocida en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Malta, Eslovenia, España y Suecia. Solo Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales.
El estudio añade que 12 países aún no disponen de procedimientos legales o administrativos para el reconocimiento legal del género. Además, Bulgaria, Georgia, Hungría, Rusia, Eslovaquia y Reino Unido mantienen prohibiciones explícitas u otras limitaciones legales que, según ILGA-Europa, hacen que ese reconocimiento sea prácticamente imposible.
La organización también recoge restricciones o amenazas a la libertad de reunión y asociación de comunidades LGBTI en al menos 13 países europeos.