Un jurado popular comienza este lunes el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía reclama 15 años de cárcel, al considerarlo responsable de presuntamente estrangular a su esposa por celos, después de que ella le comunicara su intención de divorciarse, y mantener el cuerpo enterrado bajo una losa de hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga durante seis meses, en marzo de 2022.
De acuerdo con el escrito inicial del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado y la víctima residían en un domicilio de la capital malagueña junto a las dos hijas comunes. El 28 de marzo se produjo una fuerte discusión con la mujer, "motivada por celos tras comunicarle esta su intención de divorciarse".
En ese contexto, siempre según la acusación fiscal, el hombre habría iniciado un forcejeo con su pareja y, "guiado por el ánimo de acabar con su vida y con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", presuntamente le oprimió el cuello con ambas manos "fuertemente, hasta producirle la muerte por estrangulamiento".
A continuación, sostiene la Fiscalía, y "con la intención de deshacerse del cadáver", supuestamente introdujo el cuerpo envuelto en una manta y cubierto con un plástico en un bidón que utilizaba en su actividad laboral, lo trasladó en una carretilla hasta su furgoneta y después lo llevó a una nave industrial de su propiedad situada en un polígono de la capital.
En ese enclave, "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y otros objetos personales, entre ellos tarjetas bancarias; posteriormente rellenó el hueco con hormigón y colocó encima maquinaria pesada, "regresando tras esta acción a su domicilio".
El cadáver fue hallado en septiembre de 2022 por agentes de la Policía Nacional, que localizaron el cuerpo gracias a la investigación policial y a la confesión del acusado, sobre el que se habían centrado las diligencias. Desde marzo, el hombre había hecho creer al entorno familiar y amistades que la mujer se había marchado por voluntad propia.
En una de sus declaraciones ante los investigadores incurrió en contradicciones y acabó admitiendo que había estrangulado a su pareja, de nacionalidad brasileña, durante una discusión. Ya en sede judicial, volvió a reconocer los hechos y se decretó su ingreso en prisión provisional.
Cuando se exhumó el cuerpo, la víctima presentaba diversas lesiones y fracturas "compatibles con la muerte violenta por anoxia encefálica de la víctima", estableciéndose como causa principal del fallecimiento "la asfixia mecánica por estrangulación con las manos del acusado".
El fiscal sostiene que el procesado posee "un completo y contrastado conocimiento de los hechos y la ilicitud de los mismos", de modo que sus actos son "conformes a esa comprensión y no posee causas psíquicas que gocen de la suficiente profundidad para afectarle sus capacidades intelectivas y volitivas".
Por todo ello, se le imputa un delito de homicidio, apreciando las agravantes de género y parentesco. Además de la pena de prisión, el ministerio fiscal pide que se le retire la patria potestad de las dos hijas que tenía con la víctima y que se le prohíba acercarse a ellas durante 16 años.
Asimismo, interesa que se le imponga una medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la condena y reclama que el acusado indemnice a las dos hijas menores, herederas de la fallecida, con 150.000 euros para cada una.