QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha expresado satisfacción este martes debido a que la Comisión Europea (CE) ha ‘avalado’ las modificaciones impulsadas por el Gobierno en el proceso de selección para jueces y fiscales, según se detalla en su informe sobre el Estado de Derecho en los países de la Unión Europea (UE). Este documento, de acuerdo con la interpretación del gobierno, sugiere que dichas reformas constituyen un progreso para la independencia y la calidad del sistema judicial público.
Fuentes del departamento liderado por el ministro Félix Bolaños destacan que la Comisión Europea ‘reconoce que el proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, al reformar el acceso a las carreras y llevar a cabo un proceso de estabilización de juezas y fiscales sustitutas, ampliará los recursos del servicio público de Justicia’.
Por su parte, Félix Bolaños, tras salir del Pleno en el Congreso, declaró a los medios que el informe ‘lo que dice es que avala las reformas de la Justicia’ implementadas por el Gobierno. Afirmó sentirse ‘contento’ porque la Unión y la Comisión Europea ‘diga a la derecha y a la ultraderecha españolas que las reformas de la justicia son necesarias, son urgentes, son imprescindibles para modernizar y para europeizar nuestra Justicia. ‘Y por tanto, rumbo a la justicia del siglo XXI’, añadió.
En el informe sobre la salud democrática de los Estados miembro, la Comisión Europea mencionó el ‘caso Koldo’ y la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una evaluación sobre España que destaca avances en medidas preventivas pero advierte del ‘alto riesgo de corrupción’ en la contratación pública y financiación de partidos.
Bruselas, en las veinte páginas dedicadas a España, no identifica riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero señala que aún están pendientes reformas importantes en áreas como la judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o los medios de comunicación, incluyendo la reforma en el sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una demanda antigua de Bruselas.
El documento destaca ‘algunos avances’ en la reducción de tiempos en las investigaciones y juicios de casos de corrupción de alto nivel, como en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. ‘El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial’, señala el informe.
El informe también resalta la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como un notable refuerzo de la autonomía de la Fiscalía, valorando positivamente los avances realizados en estos proyectos de ley orgánica y las medidas adicionales adoptadas para reforzar la independencia de la fiscalía en materia presupuestaria, de formación y de régimen de incompatibilidades.
Finalmente, las fuentes ministeriales interpretan que la Comisión Europea considera un ‘progreso significativo’ la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los primeros nombramientos realizados, celebrando que las conclusiones ‘ratifican’ que ‘no hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de Derecho ni a la independencia judicial’ y desmienten ‘los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la justicia en décadas’.
