El juicio señalado para este martes contra el exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez (PP) y el exconcejal de Urbanismo, procesados por un presunto delito de prevaricación urbanística por la autorización “verbal” de obras de viviendas no autorizables en el municipio en 2014, ha vuelto a quedar suspendido, esta vez por la ausencia de una prueba pericial.
Es la segunda vez que la vista oral, fijada en la Plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería, se pospone. En la primera ocasión, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) impidió su celebración en 2023.
Vinculación con el caso Mascarillas
El que fuera regidor, que presentó su dimisión y fue expulsado del PP a raíz del caso “Mascarillas”, en el que se investiga la presunta contratación irregular con empresas por parte de la Diputación de Almería, se sienta ahora en el banquillo acusado de un delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía reclama para él y para el exconcejal de Urbanismo tres años de prisión, una multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al considerar que ambos actuaron “con pleno conocimiento de la ilegalidad de las obras” al autorizarlas “verbalmente”.
El ministerio público sostiene igualmente que permitieron a un promotor la rehabilitación de una vivienda y después omitieron “toda inspección” sobre los trabajos, “a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia”.
En esta línea, el fiscal atribuye al promotor, al autor del proyecto y al director de las obras un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita para cada uno dos años de prisión, una multa de 15 meses a razón de 20 euros al día y tres años de inhabilitación para profesión u oficio vinculado con la construcción.
Origen del procedimiento y obras investigadas
El procedimiento arranca con la denuncia formulada por el Seprona el 25 de junio de 2014 por las actuaciones ejecutadas en una vivienda declarada legal fuera de ordenación para su rehabilitación, al constatar que “lo que se estaba ejecutando era una demolición seguida de obra completamente nueva” y “sin ningún parecido con la original”.
Según el escrito de acusación, “los acusados llevaron a cabo las obras a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural, de que se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas”.
En la causa también figura otra denuncia relativa a una segunda obra realizada sin licencia en una vivienda situada en suelo no urbanizable de especial protección, donde se efectuó un cambio de tejado y una renovación interior, ampliando además “la superficie de forma poco significativa con una pequeña nueva estancia”.
La Guardia Civil llegó igualmente a denunciar una tercera intervención, consistente en la remodelación integral de una edificación en suelo no urbanizable de especial protección, pese a que únicamente se había pedido licencia para el “adecentamiento de vallado”, de modo que los trabajos “excedían ampliamente de su solicitud sin que hubiese resuelto su petición el Ayuntamiento”.