El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán afirmó que el organismo no tuvo “actividad ninguna” en la ‘Operación Kitchen’ porque la consideraba “ilegal”. Esta fue la tesis que defendió ante la Audiencia Nacional en la quinta semana del juicio por el supuesto dispositivo de espionaje dirigido a sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas. En la misma sesión declararon también dos mandos policiales que rechazaron haber favorecido a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y presunto confidente, en el proceso selectivo para ingresar en la Policía Nacional.
En esta causa se analiza un presunto operativo parapolicial impulsado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo objetivo habría sido hacerse con información comprometedora en poder de Bárcenas sobre dirigentes del PP y entorpecer así la investigación del ‘caso Gürtel’, centrada en una supuesta contabilidad opaca dentro del partido.
En su comparecencia como testigo, Sanz Roldán, que dirigió el CNI entre 2009 y 2019, fue categórico al desvincular al centro de inteligencia de cualquier intervención en la trama. “El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso por el que se está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”.
Durante un interrogatorio que se prolongó alrededor de media hora, el antiguo responsable de los servicios de inteligencia negó también haber presentado denuncia contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los principales acusados, por “inquina personal”. Según sostuvo, actuó para proteger a los agentes bajo su mando frente a “mentiras tan crueles” que, a su juicio, Villarejo había difundido sobre ellos.
Sin órdenes para facilitar la entrada del chófer en la Policía
El tribunal examina igualmente si se allanó el camino a Sergio Ríos para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), aprovechando su condición de chófer de Bárcenas y su presunta colaboración con el operativo. En la vista del jueves, el presidente del tribunal de oposición que evaluó la prueba de acceso de Ríos aseguró que no recibió indicación alguna para favorecer su incorporación a la Policía Nacional.
Este mando policial sostuvo que desconocía que Ríos hubiera solicitado apoyo para acceder al cuerpo por su papel como conductor de Bárcenas o colaborador policial. “Rotundamente no”, respondió al ser preguntado, añadiendo que tampoco sabía quién se encargó de la entrevista personal tras superar el primer corte del proceso selectivo.
Choque de versiones sobre la unidad de Gürtel
Otra de las declaraciones relevantes fue la de José Santiago Sánchez Aparicio, comisario general de Policía Judicial entre 2013 y 2015. Señaló que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, también acusado, le informó de una “operación de inteligencia” sobre el entorno de Luis Bárcenas.
Sánchez Aparicio se refirió además a las manifestaciones previas de Manuel Morocho, exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y principal investigador del ‘caso Gürtel’. Una semana antes, Morocho había descrito ‘Kitchen’ como “una operación policial sin autorización judicial” centrada en Bárcenas y reconoció que sufrió presiones para no mencionar a Mariano Rajoy en los informes sobre la contabilidad B del PP. También habló de “una estrategia” destinada a desmantelar el equipo investigador que dirigía.
El excomisario general, sin embargo, ofreció una visión distinta. Aseguró que Morocho contaba con un grupo de investigación “normal”, con “un funcionario más” o “un funcionario menos”. “Yo le propuse potenciar su unidad a través de los funcionarios de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, que son muy buenos y, además, tienen herramientas suficientes que no tiene el investigador en el ámbito del análisis. Entonces él me dijo que no, que el problema que se suscitaba es que cada vez que venía alguien nuevo tenía que prepararlo”, relató.
Sánchez Aparicio añadió que Morocho nunca le trasladó que estuviera siendo objeto de presiones relacionadas con las pesquisas de ‘Gürtel’. “En alguna reunión que tuvimos posteriormente le pregunté qué tal iba y él estaba bien”, indicó ante el tribunal.
Registros en la vivienda de Villarejo
La sala escuchó también a seis agentes de la Policía Nacional que intervinieron en los registros practicados en noviembre de 2017 en la casa de Boadilla del Monte (Madrid) del comisario Villarejo. Los funcionarios explicaron que la finalidad de la diligencia era localizar “toda” la documentación, física o digital, vinculada con ‘King’, la pieza principal de la macrocausa ‘Tándem’ sobre los negocios privados y supuestos encargos al comisario, así como “proyectos que fueran un poco similares” con “notas informativas” o “presupuestos”.
Los policías confirmaron que Villarejo estuvo presente durante el registro, acompañado de su esposa, y que un grupo de intervenciones técnicas se encargó de abrir la vivienda. Uno de los agentes detalló que hallaron “mucho material informático” oculto en el canapé de una cama y que también se intervino documentación guardada en una maleta ubicada en el dormitorio principal.
El empresario Pérez Dolset señala a Fernández Díaz y Cospedal
En la parte final de la sesión declaró el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el ‘caso Leire Díez’, citado para aclarar el origen de tres grabaciones que aportó al procedimiento. Aseguró que mantuvo una conversación con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, acusado en ‘Kitchen’, en la que este le trasladó que había recibido instrucciones sobre el presunto espionaje por parte del exministro Jorge Fernández Díaz, también acusado, y de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
Pérez Dolset, sobre quien pesa una investigación en un juzgado de Madrid por supuestas maniobras contra jueces, fiscales y mandos policiales, afirmó que Martínez le confesó que “el primer día” que le dieron la instrucción “de hacer cosas como esta”, en referencia a la supuesta coordinación del operativo parapolicial, “tendría que haber dimitido y no lo hizo”.
En cuanto a los audios aportados a la causa, el empresario explicó que accedió a ellos a través de un grupo de WhatsApp en el que participaban, entre otros, el fiscal José Grinda, periodistas, miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y responsables políticos, y que en ningún caso fueron manipulados. “Sólo los escuchamos y transcribimos”, puntualizó.