La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 4, ha emitido una providencia en la que convoca a declarar como investigado el próximo 22 de mayo al excomisionado de la dana del Gobierno central, José María Ángel. La citación se enmarca en el procedimiento penal abierto tras una denuncia por una posible falsedad en documento público relativa a un título de diplomado en archivística y biblioteconomía.
La resolución, frente a la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, acuerda asimismo incorporar al procedimiento las diligencias de investigación penal preprocesales practicadas por el ministerio fiscal, según ha podido conocer Europa Press.
Esta decisión llega después de que, en abril, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia dejara sin efecto el archivo de la causa que se seguía contra Ángel, quien fue comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños ocasionados por la dana. El tribunal ordenó abrir la fase de instrucción al entender que no puede excluirse que el denunciado hubiera utilizado el supuesto título falso para obtener dos prórrogas en el servicio activo en la Diputació de Valencia, solicitadas en 2023 y 2024.
De esta forma, la sala estimó los recursos presentados por Manos Limpias y por la corporación provincial y, parcialmente, por el ministerio fiscal, contra la resolución del juez instructor que, en noviembre de 2025, había rechazado el recurso del Ministerio Público frente al sobreseimiento libre del procedimiento.
El juez de primera instancia consideró entonces que el posible delito de falsedad documental vinculado a la presunta manipulación en 1983 de ese título estaba prescrito, que no se trataba de un delito continuado y que la documentación remitida por la Diputació a instancias de la Fiscalía, de la que se desprendía que el denunciado no necesitaba el título presuntamente falsificado para acceder a la institución provincial, respaldaba el archivo definitivo de las actuaciones.
Según consta en las actuaciones, Ángel se incorporó en febrero de 1981 como Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas, dentro de la escala técnica de la administración especial de la Diputació, y en 1983 aportó el título con el que quedaba habilitado para concurrir a oposiciones y desempeñar sus funciones.
La Audiencia Provincial —que no entró a valorar la posible atipicidad de los hechos en relación con un eventual delito de estafa— tomó como referencia el criterio del Tribunal Supremo sobre la prescripción en fase de instrucción y puso el foco en las prórrogas de permanencia en servicio activo solicitadas por Ángel en 2023 y 2024.
En este sentido, la sala citaba resoluciones de las salas de lo Contencioso-Administrativo de distintos Tribunales Superiores de Justicia que destacan que la concesión de la prórroga “pasará, entre otros requisitos, por la aptitud del peticionario para el desempeño de las labores y funciones propias del puesto de trabajo (...)”.
Esta doctrina, añadía, “viene a poner de manifiesto que cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”.
“O de otra manera, debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan. La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto”, subrayaba la sala.
Por ello, el tribunal concluía que, al no resultar “descartable” que el denunciado “haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.