El conocido psiquiatra forense José Cabrera Forneiro ha descrito al extrabajador del grupo funerario El Salvador, Justo M.G, responsable durante unos veinte años de recopilar un amplio dosier sobre el presunto 'cambiazo' de ataúdes en la empresa, como un “diógenes fotográfico, alguien con un grave trastorno de la personalidad”, sin descartar que durante todo ese tiempo actuara por su cuenta, sin apoyo de terceros.
El informe, presentado este martes en la Audiencia de Valladolid a instancia de las defensas, busca restar credibilidad al antiguo empleado, ya fallecido, cuyas libretas, anotaciones y amplio archivo fotográfico acumulado durante dos décadas sobre el supuesto 'reciclaje' de féretros y arreglos florales constituyen la prueba central en la que se sustentan la acusación pública y las acusaciones particulares.
El especialista en Medicina Legal y Forense y en Psiquiatría, con más de cuarenta años de experiencia y, según ha subrayado él mismo, con más de 7.000 peritajes en juicios, ha sido tajante al afirmar que Justo M.G, pese a no haber sido explorado directamente por él, presentaba claros indicios de padecer un “grave trastorno de la personalidad”.
“Es el caso más peculiar, original y único que he visto a lo largo de mi trayectoria. Que una persona haya reunido todo ese material en veinte años denota precisamente ese trastorno grave de la personalidad que presentaba”, ha señalado, un dictamen que el experto considera compatible con el hecho de que el extrabajador se quitara la vida, extremo del que dice haberse enterado hace apenas tres semanas. “Las personas con trastorno de la personalidad son las que presentan mayor número de suicidios”, ha remachado.
El psiquiatra televisivo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que esa acumulación de información por parte de Justo, “de forma meticulosa, no espontánea, a modo de diario”, fue empleada posteriormente “codiciosa” para tratar de chantajear al propietario del grupo funerario con el fin de mejorar sus bases de cotización de cara a la jubilación.
Según el perito, entre 2012 y 2013 se aprecia un incremento notable en la toma de fotografías y en las anotaciones, coincidiendo con la negativa del empresario a incorporar al hijo de Justo a la plantilla. “Denota su enojo, supone echar más leña al fuego, es como decir: ¡te vas a enterar!”, ha afirmado Cabrera.
Actuación en solitario y riesgos en el crematorio
El informe de Cabrera también reviste importancia al sostener que es totalmente verosímil que Justo M.G. llevara a cabo esas maniobras durante años en soledad, sin la colaboración de otros empleados.
“Hoy en día en los tanatorios existen muchos medios técnicos, incluidas poleas, que permiten manipular cadáveres a una sola persona. Es lo que denominamos la soledad en la actuación”, ha indicado el psiquiatra, quien ha añadido que el trabajador asumió un riesgo considerable al operar cerca del horno crematorio y abrirlo cuando estaba en funcionamiento.
El dictamen del experto se ha extendido igualmente a la cuestión de si los familiares de los fallecidos tendrían derecho a ser resarcidos económicamente. La Fiscalía ha propuesto una indemnización de unos 3.000 euros para cada perjudicado, cuantía que Cabrera juzga desmedida, en la misma línea que el forense y criminólogo Aitor Curiel, que declaró la jornada anterior.
Ambos coinciden en que para reconocer una compensación económica debe acreditarse mediante informes médicos que los allegados sufrieron un daño psíquico o moral, circunstancia que, subraya, no ha sido documentada por las acusaciones en esta causa.
Peritajes sobre consumos de hornos y blanqueo
La sesión se ha iniciado con la intervención del perito Pascual M.I, igualmente propuesto por las defensas, que ha presentado un contrainforme frente al elaborado por la Policía Nacional sobre los consumos de los hornos crematorios tanto del tanatorio inaugurado en 2013 en la capital como del cementerio de Santovenia de Pisuerga. En ese documento, la Policía Judicial sostiene que la mayoría de las incineraciones se efectuaban en este último emplazamiento por ofrecer, presuntamente, mayores facilidades para realizar el 'cambiazo' de ataúdes.
El perito ha defendido que el informe policial alcanza conclusiones “aventuradas” o imprecisas al basarse solo en los consumos de gas reflejados en las facturas —gas natural en el nuevo tanatorio y propano en el cementerio— sin contrastarlos con el gasto de energía eléctrica, y sin introducir otras variables que considera clave, como las paradas técnicas de los hornos para mantenimiento o la, a su juicio, confusa combinación de unidades de medida entre metros cúbicos y kilos.
A su entender, todos estos factores invalidan el alcance del informe policial y refuerzan la idea de que no comparar los consumos de gas con los eléctricos es un fallo relevante, más aún cuando la tesis de la Policía es que los acusados iniciaban la cremación, detenían el proceso y retiraban las cajas en buen estado para reutilizarlas en otros sepelios.
“De ser cierto, se detectaría un mayor consumo de energía eléctrica que de gas con motivo de la activación únicamente de los ventiladores de los hornos”, ha reiterado Pascual M.I, quien también ha criticado que los peritos policiales incluyeran en su trabajo opiniones de empleados del grupo, entre ellos el propio Justo Martín, “que no tienen nada que ver con el objeto de la pericia” y que, en su opinión, pueden llevar a conclusiones erróneas.
Además, otros dos peritos, igualmente llamados por las defensas y en consonancia con otro especialista que declaró el día anterior, han presentado un informe en el que descartan la existencia del delito de blanqueo de capitales que se atribuye a los procesados a raíz de una investigación de la Unidad de Vigilancia Aduanera. Dicha investigación, “basada en una metodología errónea”, sostiene que habría un desajuste entre la compra y la venta de féretros por parte del grupo El Salvador.