La expresidenta de Adif dice ante el Supremo que alertó a Ábalos de un “conflicto de interés” por la relación con Jésica Rodríguez

La expresidenta de ADIF sostiene ante el Supremo que la relación con el exministro obligó a frenar la renovación por posible incompatibilidad en una empresa pública

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La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el caso mascarillas que advirtió exministro de Transportes José Luis Ábalos de la existencia de un posible “conflicto de interés” tras conocer su relación con Jésica Rodríguez, lo que motivó la decisión de no renovar su contratación en una empresa pública.

Según su testimonio, Pardo de Vera consideró que la situación hacía inviable la continuidad de Rodríguez en su puesto dentro de Ineco, al estar vinculada a trabajos relacionados con ADIF. En ese contexto, asegura que contactó directamente con Ábalos para trasladarle la decisión.

“No puede continuar”

Durante su comparecencia, la exresponsable de ADIF explicó que, tras comunicar la situación, el entonces ministro le respondió que lo que ella decidiera estaba “bien hecho”, según su versión ante el tribunal.

Pardo de Vera subrayó que en ningún momento recibió indicaciones políticas para mantener la contratación y que la decisión se basó exclusivamente en criterios de incompatibilidad.

Sin quejas sobre el trabajo y sin intervención en nuevas contrataciones

La exdirectiva ha insistido en que no se le trasladó ninguna queja sobre el desempeño profesional de Rodríguez, pese a que posteriormente se conoció que la trabajadora habría percibido remuneraciones sin llegar a desempeñar actividad efectiva, según su propio testimonio en sede judicial.

Asimismo, ha negado cualquier intervención en una segunda contratación vinculada a otra empresa pública, en este caso Tragsatec, descartando de forma tajante haber mediado en ese proceso.

Un caso bajo la lupa del Tribunal Supremo

Las declaraciones de Pardo de Vera se enmarcan en la investigación que analiza posibles irregularidades en la contratación de personal en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.

El caso continúa abierto y el Tribunal Supremo sigue recabando testimonios para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en la gestión de estas contrataciones.