QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha realizado una petición formal para que se instruya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a retornar o eliminar los documentos recabados durante los registros a los despachos del fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid. Esta solicitud se presentó en el marco del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, acusado de una supuesta revelación de secretos, con posibles penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, además de una multa superior a 400.000 euros.
En el informe final del proceso, Sánchez Conde expuso que los agentes de la UCO solo extrajeron una copia de la información del despacho de García Ortiz el 30 de octubre de 2024, mientras que de Pilar Rodríguez, quien fue absuelta, se tomaron dos copias. Una de estas copias sigue en el Supremo y la otra fue analizada por los agentes.
Durante el registro, se recopiló información de diversos dispositivos electrónicos sin respetar la limitación temporal impuesta inicialmente por el magistrado, que abarcaba desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre de ese año. Sin embargo, los agentes aclararon que solo utilizaron los datos comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, conforme a lo que finalmente estableció el juez.
«Esta Fiscalía está muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido, sobre todo del despacho de la fiscal jefe Provincial de Madrid, en la que se hizo una segunda copia, que está en posesión de la UCO», manifestó Sánchez Conde, quien ha instado al Supremo a «ordene el reintegro de esa información, o bien a la Fiscalía, o bien ordene su destrucción».
