La Audiencia Provincial de Madrid ha remitido de nuevo a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Móstoles, Plaza número 1, la pieza separada relativa a la responsabilidad civil de los procesados en el caso ITV, abierto por la presunta malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Móstoles en 2020 tras la condonación de una deuda a la empresa encargada de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).
Así se recoge en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala acuerda devolver las piezas de responsabilidad civil referidas a los acusados para que se complete su tramitación.
En marzo pasado, el juzgado había elevado la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento. No obstante, la celebración del juicio queda ahora suspendida hasta que finalicen las piezas separadas de responsabilidad civil.
En la vista oral deberán responder la exalcaldesa socialista y actual portavoz del grupo municipal, Noelia Posse, junto con otros ocho exconcejales, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La magistrada instructora dictó el auto de apertura de juicio oral en septiembre de 2024. La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada reclama para la exregidora y el resto de procesados una pena de doce años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
En dicho auto, la jueza destacaba en primer término que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020".
Aquel acuerdo aprobó por la vía de urgencia una reducción del 50% de la deuda del concesionario, la rebaja del canon anual y el aplazamiento del resto de la cantidad adeudada hasta 2040, a razón de 30.000 euros al año.
Argumentos de la Fiscalía
En su escrito de acusación, el Ministerio Público expone que, mediante la declaración de urgencia, "incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros".
"Dicho acuerdo se adoptó por los acusados, a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara conciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por ley", añade el fiscal.
Además, señala que para "tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía, el acuerdo fue adoptado tan sólo con el informe del también acusado, Francisco Javier Torner, que emitió un "informe jurídico" favorable cuando carecía de facultades para ello y presentarse por la vía de urgencia, a fin de evitar los informes preceptivos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor que ya se habían opuesto anteriormente a la propuesta".
"Como consecuencia de estos hechos, con dicho acuerdo, los acusados ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales", indica el Ministerio Público.
"La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo", concluye el escrito fiscal.