La magistrada que instruye la causa por el derrumbe de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, donde el pasado mes de marzo murieron seis estudiantes, ha decidido ampliar la acción penal a un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria por la presunta comisión de seis delitos de homicidio.
Este nuevo investigado es el jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde la instalación de la pasarela hasta mayo de 2023. Se suma así a los otros dos técnicos ya encausados del mismo organismo: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, que actuó como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenecía la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.
La jueza considera que la ausencia de un mantenimiento adecuado del puente podría constituir una “negligencia grave”, lo que fundamenta la acción penal por la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave —por los seis jóvenes fallecidos, originarios de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería— y un delito de lesiones por imprudencia grave —por las heridas sufridas por la única superviviente, de Álava— contra los tres funcionarios de Costas.
La titular del Juzgado de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que dirige las pesquisas ha ordenado que el médico forense valore a la joven que logró sobrevivir, a fin de que emita un informe detallado sobre las lesiones que padeció.
Asimismo, ha desestimado la solicitud del Ayuntamiento para que el ingeniero redactor del proyecto de la pasarela comparezca el próximo viernes, 24 de abril, en calidad de investigado, manteniendo su citación como testigo-perito.
Tres semanas más tarde, el 15 de mayo, está previsto que se practique toda la prueba pericial y que se tome declaración a los tres técnicos que figuran como investigados en la causa.