La magistrada que instruye la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el complejo residencial Les Naus, en Playa de San Juan (Alicante), ha fijado para el próximo 17 de junio la declaración, en calidad de testigos, de representantes de cinco mercantiles --Block Arquitectura SL; Edificio Teulada SL; Livanto Mediterránea SL; Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana; e Inurban SA--, así como de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).
Esta decisión, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y comunicada este viernes mediante una providencia, incluye además la nueva comparecencia ese mismo día de otros dos testigos que ya declararon el pasado 15 de abril: la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda en la provincia.
Paralelamente, la jueza reclama más documentación al promotor investigado, administrador único de Fraorgi, sociedad que actúa como gestora de la cooperativa de Les Naus, levantada sobre una parcela de titularidad municipal que fue enajenada.
En concreto, le solicita el “anteproyecto de obra y demás estudios documentados sobre la edificación de la parcela que en su declaración manifestó haber sido elaborados con anterioridad al día 5 de septiembre de 2018 en que se produjo la publicación del anuncio de licitación y de los pliegos”.
Asimismo, le requiere la “relación de empleados de Fraorgi SLU y de Iuvenale Somnia SL que entre los años 2021 y 2025 participaron en el proceso de captación de socios de la cooperativa y en la elaboración y gestión de la lista de espera”.
Estas nuevas diligencias se producen después de que el pasado 20 de mayo compareciera como investigado el promotor de Fraorgi, junto a otros encausados, entre ellos la exconcejal de Urbanismo del PP en Alicante Rocío Gómez, adjudicataria de una VPP en Les Naus.
Según fuentes conocedoras de la instrucción, el empresario relató, entre otros extremos, que mantuvieron una reunión con el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), y con la entonces edil de Urbanismo para reclamar la devolución de un supuesto sobrecoste abonado por el solar o, en su defecto, una compensación con otro terreno, sin que su petición fuera atendida.
Declaraciones clave en la Conselleria de Vivienda
En relación con la Conselleria, el pasado 15 de abril el secretario territorial adjunto de Vivienda, en su primera declaración como testigo, explicó que el funcionario responsable de los visados de VPP, expedientado por la Generalitat e investigado en esta causa, le trasladó literalmente: “Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades”.
Antes de las nuevas testificales del 17 de junio, el juzgado tiene previsto tomar declaración como investigados, el próximo día 5, a nueve adjudicatarios de VPP. Entre ellos figura la pareja del citado funcionario autonómico encargado de los visados, que ejerce como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Este trabajador público, que declaró como investigado el pasado 20 de mayo, sostuvo que gestionó la totalidad de los expedientes de Les Naus porque asumió esa carga ante la falta de personal y la marcha de quien los tramitaba con anterioridad. Añadió que no se planteó abstenerse respecto al visado de su mujer al considerar que su cometido era meramente formal y negó haber cometido errores en la tramitación de los visados.
La personación de CGT como acusación popular
En otra providencia dictada también este viernes, la jueza ha requerido al sindicato CGT la prestación de una fianza de 3.000 euros para poder admitir su personación en el procedimiento como acusación popular, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Si finalmente se autoriza su intervención, el caso Les Naus contará con tres acusaciones populares, ya que CGT se sumaría a las que ejercen actualmente el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante.