Manos Limpias, personado como acusación popular, ha solicitado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea condenada a 10 años y tres meses de prisión por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización plantea estas penas después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, propusiera sentar en el banquillo a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La acusación de Manos Limpias se dirige únicamente contra Gómez y Barrabés. Para la esposa de Pedro Sánchez reclama ocho años de cárcel por supuesta malversación y otros dos años y tres meses por el segundo de los presuntos delitos que le atribuye, además de “pena de multa del duplo del beneficio económico obtenido”.
Según el escrito, considera que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno, para que, por su condición, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”.
El documento sostiene que “La acusada se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido --15.000 euros-- sino que también detrajo el 'software' desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”.
En la acusación se detalla que Gómez “se sirvió como parte de un plan preconcebido de su posición en la cátedra para, inmediatamente después de su constitución, emitir cartas de recomendación a favor de las empresas de Barrabés para favorecerle en la obtención de contratos públicos”.
Asimismo, se indica que Gómez “se apropió del 'software' informático desarrollado en la cátedra para su comercialización a través de una sociedad mercantil de su propiedad, detrayéndolo del patrimonio público de la UCM”, precisando que el valor del programa “excede 108.000 euros”.
El escrito añade, por último, que Gómez “se valió para la intervención en reuniones y la participación en el funcionamiento de la cátedra y, por consiguiente, del derivado negocio privado, del tiempo de trabajo de Álvarez”, su asesora en Moncloa.
Subraya que esta última es “personal eventual de la Presidencia del Gobierno, que les prestó asistencia y desempeñó para ella funciones auxiliares, que las realizó sirviéndose para ello de los medios de que disponía en su condición de personal eventual de la Administración”.
Respecto a Barrabés, Manos Limpias solicita dos años y tres meses de prisión por presunto tráfico de influencias, además de una multa en las mismas condiciones fijadas para Gómez.
La organización mantiene que el empresario, “en un plan preconcebido con Gómez, obtuvo para sí la intercesión de ésta última, para la obtención de contratos públicos de la entidad pública empresarial Red.es, gracias a las cartas de recomendación que Gómez emitió, para lo cual se valió de su condición de codirectora de la cátedra universitaria”.
El juez Peinado ya había planteado que Gómez fuera juzgada mediante jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.