Colectivos memorialistas y asociaciones de víctimas del franquismo han mostrado su rechazo a la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la declaración de la antigua sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), situada en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática.
En un comunicado, las organizaciones recuerdan que el 25 de abril de 2023 registraron la petición de declaración al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dio luz verde al acuerdo el 20 de octubre de 2025.
La medida alcanzaba a la antigua sede de la DGS franquista en la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las entidades reprochan al Ejecutivo autonómico su negativa a autorizar la colocación de una placa en la fachada en memoria de “miles de personas que fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas por luchar contra una dictadura”.
Del mismo modo, ponen en cuestión el razonamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha fundamentado la suspensión cautelar en el posible “efecto adverso” sobre la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
“¿Qué hay menos adverso para cualquier demócrata que reconocer y valorar la lucha por la democracia en nuestro país?”, se preguntan las organizaciones, que sostienen que deberían ser las propias instituciones públicas las que liderasen el reconocimiento de las víctimas y de los crímenes perpetrados en este inmueble.
“El edificio de la Real Casa de Correos debe ser un lugar de memoria ya”, concluye el texto difundido este martes, un día después de que la Audiencia Nacional paralizara cautelarmente el acuerdo del Gobierno central de Pedro Sánchez que declaraba el edificio como Lugar de Memoria Democrática.