El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha manifestado este miércoles que se pone en “la piel de los alcaldes y de las personas que están desamparadas en las vías” de Urda (Toledo), después del choque entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076, que ha dejado al menos 30 fallecidos, según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Todo ello sucede cuando se cumplen nueve meses del accidente ferroviario registrado en el término municipal cordobés, con el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia el domingo 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.
En declaraciones a Europa Press, el regidor ha señalado que con este nuevo siniestro han “vuelto a revivir” lo sucedido en las vías de Adamuz, por lo que ha enviado “mensajes de apoyo” tanto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, ofreciéndose “a su disposición y en lo que pueda ayudar”.
Sobre este extremo, ha precisado que no ha hablado con ellos por teléfono, porque es consciente de “en la situación en la que están, que estarán recibiendo multitud de llamadas y mensajes”, y ha lamentado que, al rememorar el suceso de Adamuz, en esta ocasión las cifras de fallecidos y heridos son “mayores”.
Al mismo tiempo, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento de Adamuz difundirá un comunicado institucional de apoyo, dado que “en estos momentos poco se puede hacer, más allá de eso, porque sabemos la situación en la que están, que están desbordados”. Ha recalcado que se pone en su lugar y sabe “cómo es lo que están viviendo”.
En dicho texto, el Consistorio expresa su “más sentido pésame y toda su solidaridad con las familias y personas afectadas por el grave accidente ferroviario” ocurrido en la zona de Los Yébenes-Urda (Toledo).
“Nuestro pensamiento también está con todas las personas que, en estos momentos, trabajan en las labores de rescate, atención a los heridos y gestión de la emergencia”, subrayan.
Pendientes de la investigación del siniestro de Adamuz
El 18 de octubre se cumplieron nueve meses del siniestro ferroviario de Adamuz, que instruye la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, por la presunta comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Por ahora no hay personas investigadas y se ha citado para el 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, así como a representantes de otras empresas y a los peritos judiciales, para practicar en sede judicial la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos almacenados en los registradores jurídicos de ambos trenes, es decir, las cajas negras.
Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid, acogieron el 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos convoyes implicados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara el 26 de febrero el acceso, extracción y análisis de su contenido, además del acceso y extracción de los datos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
A mediados de mayo, la jueza remitió un oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que, “con carácter urgente”, el órgano administrativo competente adoptara las medidas necesarias que permitieran a este juzgado, “a la mayor brevedad posible”, disponer de acceso a las aplicaciones informáticas y del personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.
A comienzos de junio, la Junta de Andalucía acordó sufragar con 1.980 euros más IVA el coste de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, con el fin de contar con los medios necesarios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de la información contenida en los registradores jurídicos de ambos trenes.
Análisis del balasto y las traviesas de la vía
Dos laboratorios se encargarán de determinar si el balasto y las traviesas de la vía en la zona de Adamuz “cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso”, mediante la realización de distintos ensayos. Desde julio disponen de un plazo de seis meses para remitir su informe, una vez recibidas las muestras.
El atestado de la Guardia Civil de mediados de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que entre las actuaciones de investigación del accidente figura la comprobación del estado real de diversos elementos de la superestructura ferroviaria, en concreto el balasto y las traviesas situadas en el punto del siniestro, con el objetivo de verificar “si, en el momento de producirse este siniestro, ambos elementos cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso”.
Por otro lado, los tres peritos designados por el juzgado comunicaron en mayo que calculan disponer de su dictamen en un plazo de nueve meses, es decir, a comienzos de 2027.
En su escrito al juzgado, señalan que prevén elaborar el dictamen inicial en “un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento”. No obstante, advirtieron de que “dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado”.
Rotura de la vía horas antes del descarrilamiento
Un informe de la Guardia Civil ha ratificado que la vía se rompió 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que segundos después colisionó con el Alvia. A partir de este documento, se ha fijado como “línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente”.
Otro informe elaborado a partir de la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya había apuntado con anterioridad a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, “a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi”, responsable del sistema de señalización.
Reclamaciones de las víctimas sobre la seguridad ferroviaria
Entre las últimas actuaciones de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz figura la solicitud cursada en verano al Gobierno y a Adif para que se interrumpiera de forma temporal el tráfico ferroviario en España hasta que se emitiera la certificación técnica “pertinente” que garantice “la plena seguridad y fiabilidad del sistema”, después de que la CIAF advirtiera a Adif de que “no se contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril”.
En un comunicado difundido en julio, la asociación informó del envío de un requerimiento formal, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que ordenaran “de manera inmediata” la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España.
Reclamaron, además, que esta medida excepcional se mantuviera vigente hasta la emisión de la certificación técnica “pertinente” que asegure “la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin”.