QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En los últimos días el Partido Popular ha situado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el epicentro de la diana al acusarla de haber destruido pruebas del caso Mediador. La Cámara Baja, acogiéndose a la normativa vigente, ha borrado el registro de visitas que recibió el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, y la oposición señala directamente a Batet.
El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, culpó a Meritxell Batet de haber “destruido” pruebas del caso Mediador, tachando la actuación de “inconcebible y gravísima” y remachando sus afiladas declaraciones con un “esto es sanchismo puro”. El diputado por Lugo y coordinador de Área Económica, Jaime de Olano, se movió en términos semejantes: “¿La jueza sitúa el epicentro de la trama corrupta del Tito Berni en las dependencias del Congreso y se destruyen todas las pruebas que hubieran desvelado la identidad de sus ‘invitados’?”, preguntó en su cuenta oficial de Twitter para exigir explicaciones.
Sin embargo, desde el Congreso recuerdan que únicamente se ha cumplido con la legislación vigente. En declaraciones a Demócrata, precisan que no se trata de un registro, sino de un control de acceso, por lo que los datos personales que se piden al ingresar en el complejo son por mera seguridad. Son los ujieres quienes anotan el nombre y número de DNI.
Esos datos son custodiados por la Policía Nacional durante un plazo de 30 días. El Congreso afirma a este periódico que se limitan a cumplir con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. En dicho texto, en concreto en el artículo 5.1.e, se establece que el organismo dispondrá de los datos “no más tiempo del necesario”.
No se impone un plazo concreto, por lo que el Congreso razona que habitualmente ejecutan el borrado de datos pasados 30 días por simple analogía con el borrado de las cámaras de videovigilancia, que sí está regulado y tasado.
Una comisión encapsulada
Con el objetivo de contener los daños ocasionados por el caso del Tito Berni, el PSOE encapsuló el asunto en la comisión de Interior. Acordó con su socio minoritario de Gobierno, Unidas Podemos, y con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu que el caso Mediador y el caso Cuarteles se investigaran en la Cámara Baja, pero no en una comisión de investigación creada ex profeso, sino en la de Interior.
El bloque progresista tumbó en la Junta de Portavoces la solicitud del Partido Popular de crear una comisión de investigación sobre el Tito Berni. Únicamente recibió el apoyo de Vox y de Ciudadanos. Al tratarse de una trama de corrupción, los morados, Esquerra y la izquierda abertzale no podían hacer la vista gorda y han pactado investigar la trama de las obras realizadas en decenas de cuarteles de la Guardia Civil conocidas como consecuencia de las pesquisas del caso Mediador en la comisión de Interior.
