Querencia del legislador por las prisas en el último momento o no, el final de cada período de sesiones suele caracterizarse por un atracón de iniciativas. La recta final de 2022, con dos semanas de Pleno por delante, no se prevé distinta.
Tras enviar al Senado los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y el paquete de nuevos gravámenes –banca, energéticas y grandes fortunas–, la Cámara se prepara para dar impulso a un buen puñado de leyes.
Aunque la semana de puentes anticipe un erial de convocatorias, los grupos de Gobierno deberán cerrar sus acuerdos y pulir la redacción de quince proyectos que esperan aprobar en Comisión días después.
Ley Trans y Ley de Empleo
Algunas no exentas de tensión, como la llamada Ley Trans, que llega a la Comisión de Igualdad el lunes 12, a la espera del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. La ponencia se cerró sin un acuerdo sobre las enmiendas presentadas por el grupo mayoritario del Gobierno, que siguen ‘vivas’.
Ese mismo lunes se votará también el proyecto de ley de empleo, iniciativa que el Ministerio de Trabajo confía en sacar adelante con sus socios, con los que ya ha pactado varias enmiendas.
ERC y PNV pusieron reparos al encaje de la norma en las competencias autonómicas. Los segundos llegaron a registrar una enmienda a la totalidad para tumbarla, retirada tras acordar el respeto a la autonomía de sus políticas de empleo.
La supresión de sedición
También el lunes está convocada la ponencia de la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición, entre otras disposiciones del Código Penal.
En su afán por acelerar al máximo su tramitación, los grupos del Gobierno quieren cerrar ese mismo lunes la ponencia y al día siguiente aprobar la norma en la Comisión de Justicia y elevarla al Pleno de la Cámara.
Paradójicamente, ya se han reservado las salas para ambas sesiones cuando ni siquiera ha concluido el plazo para registrar enmiendas parciales. Es de esperar que lo haga la Mesa en su próxima reunión.
‘Whistleblowers’ y eficiencia procesal
La actividad en la Comisión de Justicia no acaba ahí. Una vez finalicen las votaciones, los diputados se reunirán para celebrar las ponencias de otros dos proyectos: el de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y el de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia.
La intención de los grupos del Gobierno es aprobar ambos proyectos en la Comisión al concluir el Pleno del jueves.
Bienestar animal y sistema universitario
La semana se antoja clave para Unidas Podemos. Cuatro de sus departamentos defienden proyectos clave.
A las ya mencionadas normas de Irene Montero y Yolanda Díaz se les unen la de bienestar animal, que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, y la del sistema universitario, del Ministerio de Universidades de Joan Subirats.
Ambas se examinan el martes en Comisión, pendiente la de bienestar animal de su ponencia un día antes. Esa ley también es foco de conflicto entre los socios del Ejecutivo, al mantener el PSOE una enmienda para excluir del paraguas de protección a los perros de caza. Unidas Podemos la rechaza frontalmente.
Mercado de valores y cesión de impuestos
El martes y el jueves también será el turno para la Comisión de Asuntos Económicos. Debate, primero en ponencia y luego en Comisión, la nueva ley del mercado de valores. Una ley en la que se esperan cambios, pero no obstáculos para superar sus votaciones, pues grupos como PP o Ciudadanos han avanzado que ven necesaria su aprobación.
Además de estos ocho proyectos, también está previsto que la Comisión de Hacienda culmine, de una tacada, la tramitación de otras seis iniciativas legislativas. Se trata de seis proyectos que modifican el régimen de cesión de tributos del Estado para otras tantas comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares.
Todo ello sin perder la vista en otras dos grandes negociaciones que se desarrollan en paralelo: la Ley de Vivienda y la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones. En ninguna de las dos los socios del Gobierno van, por el momento, de la mano. Pese a ello, la pretensión del Ejecutivo es alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año.