La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, ha descartado destituir al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de la infiltración de agentes de paisano de los Mossos en una asamblea de docentes, una actuación que Parlon ha asegurado que no fue una decisión directa del director general del cuerpo.
Lo ha expuesto este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, al responder a una pregunta del diputado de los Comuns Andrés García Berrio, donde ha detallado que se reforzarán los protocolos de trabajo normalizados de los Mossos para que sean “compatibles” con los derechos fundamentales y, en consecuencia, ha señalado que lo que exigirá a Trapero es que se ajuste a esta pauta que, afirma, él mismo respalda.
La consellera ha reiterado que la presencia de agentes infiltrados en una asamblea docente respondió a un criterio operativo sin instrucciones políticas previas, pero ha subrayado que ello no exime de adoptar correcciones internas: “Nos comprometimos a tomar medidas de tal manera que quede totalmente blindado y reducido a la máxima expresión los grises que se pueden dar en las intervenciones operativas”.
En esta línea, ha dado “su palabra” de que su departamento y el conjunto del Govern orientarán su actuación a garantizar los derechos fundamentales y a reforzar los instrumentos de mediación en las intervenciones policiales.
Debate sobre la seguridad en Cataluña
Por otro lado, al contestar a una cuestión sobre la situación de la seguridad en Cataluña planteada por el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, Parlon ha reivindicado la gestión del Ejecutivo en este ámbito y ha afirmado que Cataluña es la comunidad autónoma en la que “más bajaron” los delitos en el 2025 respecto al 2024, con un descenso del 4,11%.
El representante popular ha criticado a la consellera asegurando que Cataluña “nunca había sido tan insegura”, a lo que Parlon ha replicado que no es legítimo utilizar episodios concretos para desvirtuar las cifras oficiales.
A su juicio, las estadísticas evidencian que el trabajo policial coordinado “funciona” en Cataluña y que, aunque exista un 35% más de armas de fuego, se trata de sucesos puntuales.