Bruselas está dando los primeros pasos hacia la revisión de la normativa comunitaria que afecta a los derechos de autor en el mercado único digital. El siguiente eslabón en el plan del Ejecutivo comunitario pasa ahora por recabar toda la información relativa a aquellas medidas específicas que puedan servir para modernizar el marco legislativo europeo en lo que respecta a la concesión de licencias y al impulso de un mercado “más justo” para los titulares de derechos, los creadores y la industria cultural en su conjunto.
La decisión de la Comisión Europea llega apenas unos días después de que la delegación española, encabezada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidiese durante una reunión de los Veintisiete que el foco de las nuevas acciones comunitarias en esta materia se situase en la protección de la propiedad intelectual en el contexto del desarrollo de la Inteligencia Artificial generativa. Lo que el Gobierno español planteaba era, en esencia, abrir formalmente la conversación sobre la necesidad de emprender una actualización de la normativa vigente relacionada con los derechos de autor y los nuevos modelos de explotación de contenidos digitales.
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“Consideramos oportuno llamar la atención sobre la necesidad de emprender una evaluación exhaustiva del marco legislativo de la UE en materia de derechos de autor, teniendo en cuenta su complejidad”, afirmaba el documento impulsado por España y respaldado también por Portugal, Eslovenia, Estonia, Alemania, Eslovaquia y Grecia. El texto defendía la necesidad de adaptar las herramientas regulatorias europeas a un ecosistema tecnológico profundamente alterado por el auge de los sistemas generativos capaces de producir textos, imágenes, vídeos o piezas musicales a partir de grandes volúmenes de datos extraídos de internet.
A raíz de “los rápidos desarrollos tecnológicos y de mercado” que estarían remodelando tanto la economía creativa como el panorama digital europeo, la Comisión quiere analizar ahora la opinión de las partes interesadas sobre los retos planteados por la IA generativa para la concesión de licencias y el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual. Además, Bruselas pretende aprovechar esta revisión para abordar otras cuestiones relacionadas con la lucha contra la piratería en línea de eventos en directo, así como la remuneración de los artistas intérpretes y de los productores por la música grabada reproducida en territorio comunitario. La investigación comunitaria también se extenderá al acceso a las obras y a su reutilización con fines científicos y de investigación.
La preocupación de los Estados miembros
En este sentido, la posición española pasaba expresamente por solicitar un estudio sobre el impacto que la Inteligencia Artificial podría tener en los sectores culturales y creativos, con la intención de iniciar cuanto antes las discusiones entre los Estados miembros sobre aquellas medidas “que deban considerarse y llevarse a cabo a nivel de nuestra Unión”. De forma paralela a las conversaciones abiertas en el seno del Consejo de la Unión Europea, Bruselas pretende adoptar una decisión política en el primer trimestre del próximo año, lo que aceleraría el calendario regulatorio comunitario.
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Pese a que, en un primer momento, la convocatoria está llamada a explorar una actualización de la directiva de 2019 sobre derechos de autor en el mercado único digital, la Comisión Europea no cierra la puerta a una posible iniciativa legislativa específica sobre derechos de autor e Inteligencia Artificial. En Bruselas asumen que el ritmo de evolución tecnológica ha superado parte de las previsiones contempladas cuando se aprobó el marco regulatorio vigente.
El equipo de Urtasun considera que la legislación actual es insuficiente a la hora de hacer frente a la concesión de licencias de material protegido por derechos de autor destinado al entrenamiento de sistemas de IA generativa. Una postura que coincide, además, con la del Parlamento Europeo, que llegó a aprobar una resolución en la que se planteaba expresamente la necesidad de desarrollar un nuevo marco adicional que aclarase esta problemática, así como mecanismos específicos para abordar las posibles infracciones derivadas de la normativa vigente sobre propiedad intelectual.
Por este motivo, el documento que España y sus socios llevaron a la mesa del Consejo proponía reforzar la cooperación efectiva entre los proveedores de herramientas de IA generativa, los creadores y el resto de titulares de derechos. La idea de fondo sería desarrollar un mercado de licencias funcional “que restablezca el poder de negociación de los titulares de derechos y ofrezca soluciones de protección viables”.
El temor al impacto económico y democrático
Más allá del riesgo relacionado con la desaparición de la perspectiva humana en determinados procesos culturales, Moncloa teme que estas cuestiones acaben poniendo en jaque la propia viabilidad económica del sector cultural europeo. De hecho, el texto al que tuvo acceso Demócrata y en el que se reflejaba esta preocupación alertaba de un posible “riesgo existencial” para la sociedad y la democracia europeas, en la medida en que estas prácticas pueden contribuir a desdibujar “los límites entre la verdad y la falsedad” o a “alterar la percepción de los discursos y de sus autores a la vez que se modifican las facultades cognitivas”.
En Bruselas, los representantes españoles trabajan en una estrategia mediante la cual la Unión Europea no se limite únicamente a supervisar el uso de la Inteligencia Artificial, sino que eleve la mirada hacia el desarrollo de mecanismos de compensación económica para los titulares de derechos afectados por el entrenamiento y utilización de estos sistemas generativos. La intención pasa por explorar fórmulas que permitan garantizar una remuneración justa a aquellos autores cuyos contenidos son utilizados para alimentar modelos algorítmicos.
Si bien es cierto que, en su momento, la directiva comunitaria se planteó con el objetivo de armonizar los derechos de autor dentro del mercado único digital, estableciendo reglas que persiguieran un equilibrio entre los intereses de los creadores, las instituciones culturales y los usuarios en un entorno tecnológico en constante transformación, el auge de la IA generativa ha alterado sustancialmente el escenario. Entre los puntos clave, la directiva introducía excepciones obligatorias para facilitar la minería de textos y datos, la educación digital y la conservación del patrimonio cultural. Del mismo modo, se pretendía mejorar la posición de los autores mediante una remuneración más justa y una mayor transparencia en la explotación de sus obras.
Sin embargo, el texto legislativo no contemplaba una referencia explícita a los nuevos servicios de Inteligencia Artificial que han irrumpido en el panorama cultural y creativo durante los últimos meses. La normativa se centraba, principalmente, en la regulación de la minería de textos y datos, es decir, el proceso técnico fundamental mediante el cual se entrenan los modelos de IA. Precisamente por ello, Urtasun instó a los colegisladores europeos a concentrar sus esfuerzos en tres cuestiones concretas: “el límite de la minería de textos y datos para el entrenamiento de modelos de IA con fines comerciales; la seguridad jurídica de los derechos de propiedad intelectual implicados en el entrenamiento y generación de contenidos por IA; y la transparencia respecto a los contenidos utilizados para el entrenamiento de la IA”.
Detrás de esta ofensiva política y regulatoria subyace una preocupación creciente en las instituciones europeas: la posibilidad de que la Unión Europea quede rezagada frente a otras potencias tecnológicas en la definición de estándares regulatorios sobre Inteligencia Artificial y propiedad intelectual. Bruselas considera que el desafío no pasa únicamente por proteger a los creadores europeos, sino también por garantizar la sostenibilidad de un ecosistema cultural que representa uno de los sectores económicos estratégicos del continente.
La revisión de la normativa sobre derechos de autor podría convertirse, de este modo, en uno de los grandes debates regulatorios del próximo ciclo político europeo. Especialmente en un momento en el que las instituciones comunitarias tratan de equilibrar la promoción de la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales, la creatividad y la competitividad cultural europea.