El PSOE critica que vigilantes privados patrullen Sant Antoni (Ibiza) como si fueran policías

El PSOE de Sant Antoni acusa al Ayuntamiento de privatizar la seguridad al contratar vigilantes privados que patrullan las calles como si fueran Policía Local.

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El PSOE de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) ha hecho pública una denuncia contra lo que considera prácticas irregulares de privatización de la seguridad ciudadana por parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, al permitir que personal de seguridad privada recorra el municipio desempeñando funciones que, a su juicio, se asemejan a las de la Policía Local.

En una nota remitida a los medios, los socialistas acusan al alcalde de haber otorgado un contrato por 153.662 euros a una compañía privada de seguridad con el fin de llevar a cabo rondas y presencia en las calles durante un periodo de tres meses.

“La realidad es que agentes de seguridad privada han comenzado a patrullar las calles como si fueran agentes de Policía Local”, han afirmado.

Para el PSOE, esta contratación “supone una clara invasión de las funciones que la legislación atribuye de manera exclusiva a los cuerpos de seguridad”.

De acuerdo con el anuncio oficial del Ayuntamiento, el objeto del contrato es la prestación de “servicios de rondas discontinuas ejercidas por seguridad privada en espacios públicos”.

El partido socialista sostiene que recurrir a la “excusa” de estos desplazamientos a pie entre dependencias municipales para, en la práctica, establecer patrullas continuadas por el casco urbano “constituye una práctica irregular para intentar cubrir las carencias de la plantilla policial”, y acusa al PP de desviar fondos públicos hacia la privatización de un servicio considerado esencial.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni reclama que se dé marcha atrás a esta decisión y se ponga fin a la privatización de la seguridad, destinando los recursos municipales a cubrir las plazas vacantes en la Policía Local y garantizando que la vigilancia de la vía pública recaiga exclusivamente en agentes de la autoridad, tal y como marca la normativa vigente.

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