El dato más llamativo del sondeo es la distancia entre esa preferencia mayoritaria y el plan de reparto territorial defendido por el Gobierno. Solo el 8,9% de los encuestados está de acuerdo con distribuir a estos menores entre las comunidades autónomas, mientras el 10,4% cree que deberían permanecer en Ceuta con recursos económicos extraordinarios para la ciudad.
La encuesta llega en plena crisis migratoria en Ceuta, donde El Español cifra en al menos 1.100 los menores no acompañados que permanecen en la ciudad, aunque algunas asociaciones elevan el cálculo hasta cerca de 5.000. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitó Ceuta este viernes y constató un cambio de perfil respecto a crisis anteriores: más menores de 13 años y más niñas entre los llegados en esta oleada.
Un 80% apoya el retorno a Marruecos
La principal conclusión política del sondeo es que el retorno a Marruecos aparece como la opción con mayor respaldo social.
SocioMétrica pregunta por la posibilidad de que los menores regresen a Marruecos para volver con sus familias, incluso si fuera necesario impulsar cambios normativos para hacerlo posible. El 80% respalda esa salida.
La formulación es importante porque no se limita a preguntar por la gestión inmediata en Ceuta. Plantea una solución de fondo: que España y Marruecos articulen el retorno de los menores cuando existan garantías familiares, administrativas y jurídicas.
El resultado atraviesa casi todo el mapa electoral. No se concentra únicamente en los votantes de la derecha. También es mayoritario entre los votantes socialistas y entre los electores de partidos nacionalistas e independentistas.
El dato del PSOE cambia la lectura política
El 77,6% de los votantes del PSOE apoya el retorno de los menores a Marruecos, según SocioMétrica.
Ese porcentaje convierte la cuestión en algo más amplio que una demanda del PP o de Vox. El sondeo indica que una parte muy mayoritaria del electorado socialista comparte la idea de que la salida prioritaria debería ser el regreso a Marruecos, no el reparto por comunidades autónomas.
La gestión de los menores migrantes no acompañados suele dividirse en términos ideológicos, pero la encuesta apunta a un consenso mucho más transversal cuando se pregunta por el retorno con sus familias.
Solo el 8,9% respalda el reparto por comunidades
El plan de derivar menores a otras comunidades autónomas es la opción con menor respaldo en el sondeo.
Solo el 8,9% de los encuestados apoya repartirlos entre territorios, como plantea el Gobierno para aliviar la situación de Ceuta.
La medida choca con la resistencia de varias comunidades autónomas, que alegan saturación de sus sistemas de acogida. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado instrucciones a los fiscales delegados para actuar contra los gobiernos autonómicos que se nieguen a acoger menores procedentes de Ceuta.
El choque político, por tanto, tiene dos planos. Uno administrativo, por la capacidad de acogida. Y otro social, porque la solución del reparto territorial aparece muy lejos de ser mayoritaria entre los encuestados.
Sumar y Podemos prefieren más que otros que se queden en Ceuta
La opción de que los menores permanezcan en Ceuta con recursos extraordinarios recibe el apoyo del 10,4% del conjunto de los encuestados.
Es una posición minoritaria en el total nacional, pero tiene más fuerza entre los votantes de Sumar y Podemos. En ese espacio, el respaldo sube al 38,4%, según la encuesta de SocioMétrica.
Ese dato refleja una división relevante dentro del bloque de la izquierda. Mientras una amplia mayoría de votantes del PSOE apoya el retorno a Marruecos, los votantes de Sumar y Podemos muestran mayor inclinación a una solución de acogida reforzada en la ciudad autónoma.
Marruecos acepta colaborar, pero pide eliminar obstáculos
El contexto diplomático también pesa en la encuesta.
Según El Español, Marruecos se ha mostrado dispuesto a colaborar para que los menores regresen a su país, siempre que España elimine los obstáculos judiciales y administrativos que dificultan el procedimiento.
Este punto es clave porque el retorno de menores no puede tratarse como una expulsión colectiva ni automática. Requiere un procedimiento específico, garantías jurídicas y verificación de las condiciones de acogida o reunificación.
Ahí entra el acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en Rabat el 6 de marzo de 2007 y publicado en el BOE en 2013. Ese texto establece un marco de cooperación para la prevención de la emigración irregular de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.
El acuerdo de 2007 exige protección y retorno concertado
El acuerdo España-Marruecos no habla de una devolución automática.
El texto publicado en el BOE establece que la cooperación entre ambos países debe basarse en el respeto a la legislación nacional, al derecho internacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño. También señala que el interés superior del menor debe ser la base de toda actuación.
El acuerdo contempla el retorno asistido al seno de la familia o a una institución de tutela del país de origen. Además, establece que España y Marruecos deben colaborar para garantizar, en cada caso, la reunificación familiar efectiva o la entrega a una institución de tutela.
Por eso la encuesta mide una preferencia social y política, pero no resuelve por sí sola la viabilidad jurídica de cada retorno. El procedimiento debe analizarse caso por caso.
La palabra clave es “retorno”, no expulsión colectiva
La distinción es relevante para una lectura rigurosa.
El retorno de menores migrantes no acompañados puede estar previsto en acuerdos internacionales, pero siempre ligado a garantías de protección. La legislación y los convenios internacionales obligan a preservar el interés superior del menor.
Eso significa que la solución no puede plantearse solo como un problema de reparto territorial o de control fronterizo. También afecta a la tutela, la identificación, la localización familiar y la capacidad real de Marruecos para hacerse cargo de los menores retornados.
La encuesta muestra que la opinión pública se inclina de forma abrumadora por el regreso a Marruecos. El marco jurídico, sin embargo, exige que ese regreso sea ordenado, garantista y concertado entre ambos Estados.
Una crisis con impacto territorial
La presión inmediata recae sobre Ceuta, pero el debate afecta a todo el Estado.
La ciudad autónoma ha habilitado temporalmente dos colegios públicos para atender a los menores más vulnerables. El Gobierno quiere activar derivaciones hacia la Península lo antes posible, según explicó la ministra Sira Rego durante su visita.
Las comunidades autónomas, por su parte, sostienen que sus centros de acogida ya están tensionados. Ese argumento ha convertido la crisis de Ceuta en un conflicto de competencias, recursos y responsabilidad territorial.