No Name Kitchen (NNK) se ha situado en el centro de la actualidad de Ceuta después de que la Guardia Civil registrara sus instalaciones el pasado jueves, 22 de octubre, en el marco de una investigación judicial sobre la presunta distribución de objetos peligrosos entre personas migrantes. El operativo, que también afectó a un inmueble utilizado por las Brigadas de Apoyo Mutuo, se produjo casi tres meses después de la crisis migratoria de finales de julio y terminó con dos activistas detenidos, que posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares. Aunque inicialmente fuentes policiales vincularon ambos arrestos con No Name Kitchen, las informaciones conocidas después sitúan a los detenidos dentro de las Brigadas de Apoyo Mutuo, mientras que la primera organización niega cualquier relación con los hechos investigados.
Pero ¿qué es exactamente No Name Kitchen y qué actividad desarrolla en Ceuta? Se trata de un movimiento humanitario internacional nacido en 2017 que trabaja con personas migrantes y refugiadas en diferentes puntos de las rutas migratorias europeas. En la ciudad autónoma, donde mantiene presencia desde 2021, sus voluntarios realizan repartos de alimentos y productos básicos, prestan primeros auxilios, acompañan a personas vulnerables durante sus trámites administrativos y documentan posibles vulneraciones de derechos humanos en la frontera. La organización combina esta asistencia directa con una actividad pública de denuncia de las políticas migratorias europeas, una labor que ha adquirido mayor visibilidad durante los últimos meses por la situación de Ceuta.
Qué es No Name Kitchen y dónde nació esta organización
No Name Kitchen, cuyo nombre puede traducirse como "Cocina sin nombre", nació en Belgrado, Serbia, durante el invierno de 2017, cuando un grupo de voluntarios comenzó a preparar alimentos junto a personas refugiadas que permanecían bloqueadas en la ruta de los Balcanes tras el cierre de distintas fronteras europeas. Aquella iniciativa, centrada inicialmente en proporcionar comida a quienes se encontraban en condiciones precarias, terminó evolucionando hasta convertirse en un movimiento internacional de apoyo a personas migrantes.
Según explica la propia entidad en su página web, su actividad se desarrolla en zonas fronterizas de los Balcanes y el Mediterráneo, donde organiza proyectos de asistencia humanitaria y promueve iniciativas de sensibilización sobre las condiciones que afrontan las personas en tránsito. Entre sus principales actuaciones se encuentran la distribución de ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir, la atención sanitaria básica y el asesoramiento jurídico para quienes necesitan acceder a mecanismos de protección internacional.
La organización también participa en la Border Violence Monitoring Network, una red dedicada a recopilar testimonios y documentar denuncias sobre devoluciones en caliente y posibles abusos en las fronteras europeas. Esta vertiente distingue su actividad de la asistencia material tradicional, puesto que No Name Kitchen también desarrolla campañas públicas y actuaciones legales para cuestionar determinadas prácticas de control migratorio.
Qué hace No Name Kitchen en Ceuta y desde cuándo trabaja en la ciudad
La presencia de No Name Kitchen en Ceuta comenzó en febrero de 2021, cuando el colectivo puso en marcha un proyecto de protección y acompañamiento social y jurídico dirigido principalmente a personas migrantes que permanecían fuera de los recursos oficiales de acogida. Su trabajo se ha centrado especialmente en jóvenes y menores de edad que viven en las calles o en asentamientos improvisados, así como en personas que necesitan ayuda para acceder a atención médica o comprender su situación administrativa.
Entre las actuaciones que desarrolla la entidad figuran la distribución de agua, comida, ropa y productos de higiene, además de la realización de curas, la prestación de primeros auxilios y el acompañamiento a centros sanitarios. Sus voluntarios también ofrecen información sobre procedimientos legales y recogen testimonios de personas que aseguran haber sufrido violencia durante sus desplazamientos o en sus contactos con las fuerzas de seguridad.
Esta actividad se intensificó después de las entradas masivas de personas migrantes registradas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando miles de personas quedaron en una situación de especial vulnerabilidad y diferentes colectivos comenzaron a organizar repartos de alimentos y asistencia sobre el terreno. No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo participaron en estas tareas, aunque se trata de organizaciones diferentes y con estructuras propias. Ambas han denunciado públicamente actuaciones que consideran contrarias a los derechos de las personas migrantes, lo que las ha situado también en el centro de distintas controversias relacionadas con la gestión de la crisis.
Por qué registró la Guardia Civil la sede de No Name Kitchen
El 22 de octubre, la Guardia Civil desplegó un operativo en dos instalaciones vinculadas a colectivos de apoyo a migrantes. Los agentes registraron un edificio situado en la calle Argentina, en la zona de la Almadraba, utilizado como sede y vivienda por integrantes de No Name Kitchen, y otro inmueble del polígono del Tarajal, empleado por las Brigadas de Apoyo Mutuo. La actuación fue autorizada judicialmente y se desarrolló en el marco de una investigación sobre la posible tenencia y distribución de objetos peligrosos y sustancias estupefacientes.
Según el auto judicial del 21 de octubre, al que tuvo acceso El País, las pesquisas se apoyan, entre otros elementos, en las declaraciones de dos testigos que aseguran haber recibido espráis de pimienta y armas blancas en los espacios investigados. Uno de ellos identificó a la persona que supuestamente le entregó un cuchillo y aportó material que los investigadores consideran relevante para esclarecer los hechos. La investigación también trata de determinar si se produjo alguna actuación destinada a incitar a personas migrantes a enfrentarse con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La autorización judicial permitió a los agentes buscar armas, materiales inflamables, sustancias estupefacientes, documentación y dispositivos electrónicos que pudieran tener relación con los hechos investigados. Sin embargo, la existencia de indicios suficientes para ordenar un registro no significa que las acusaciones estén probadas ni establece por sí misma la responsabilidad penal de las personas o entidades afectadas.
Dos detenidos, posteriormente puestos en libertad: qué relación tienen con la ONG
El operativo dio lugar a dos detenciones, correspondientes a un hombre y una mujer, que inicialmente fueron presentados por distintas fuentes policiales como integrantes de No Name Kitchen. La entidad rechazó desde el primer momento esa vinculación y aseguró que ninguna persona de su equipo había sido detenida.
Posteriormente, las Brigadas de Apoyo Mutuo confirmaron que los dos arrestados pertenecen a su colectivo, según la información publicada el 24 de octubre por EFE, que también recogió la confirmación de fuentes judiciales. Ambos fueron puestos en libertad con medidas cautelares después de comparecer ante la autoridad judicial, pese a que la Fiscalía había solicitado su ingreso en prisión. Los investigados han negado su implicación en el presunto suministro de espráis de pimienta para cometer ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad.
La investigación continúa abierta y deberá esclarecer tanto la procedencia y el posible destino de los materiales mencionados en las diligencias como la eventual responsabilidad individual de las personas investigadas. No se ha acreditado judicialmente que No Name Kitchen, como organización, distribuyera armas o promoviera agresiones, por lo que resulta necesario diferenciar el registro de sus instalaciones de la atribución de los delitos que se investigan.
No Name Kitchen niega las acusaciones y denuncia irregularidades en el registro
Tras la intervención policial, No Name Kitchen emitió un comunicado en el que rechazó haber distribuido armas, explosivos o aerosoles de gas pimienta. La organización aseguró que los agentes no encontraron objetos ilícitos en sus instalaciones y defendió que su actividad se limita a la ayuda humanitaria, la atención a personas vulnerables y el acompañamiento jurídico.
La entidad también denunció presuntas irregularidades durante el registro, entre ellas la entrada forzada en el inmueble, la inmovilización de integrantes de su equipo y la falta de información suficiente sobre determinados efectos intervenidos. Según su versión, los agentes se llevaron teléfonos móviles y ordenadores sin facilitar la documentación que consideran necesaria para identificar el material incautado.
El colectivo interpreta la operación como parte de una "campaña de criminalización" relacionada con las denuncias que ha presentado sobre posibles abusos contra personas migrantes en Ceuta. Por ello, ha anunciado su intención de emprender acciones legales frente a las actuaciones que considera injustificadas y contra las informaciones que, a su juicio, hayan difundido acusaciones falsas sobre su trabajo. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la organización y no implican que las irregularidades denunciadas hayan quedado acreditadas judicialmente.
No Name Kitchen también ha asegurado que mantendrá sus actividades de asistencia en Ceuta, mientras continúa la investigación que afecta a las instalaciones registradas. El caso se produce en un contexto especialmente sensible para la ciudad autónoma, marcado por las consecuencias de la crisis migratoria del verano, las reclamaciones de mayor seguridad y las denuncias de distintas entidades sociales sobre el trato que reciben las personas migrantes.
Así, No Name Kitchen mantiene una doble presencia en Ceuta: como organización de asistencia humanitaria y como colectivo que documenta y denuncia posibles vulneraciones de derechos en la frontera. Su actividad y el procedimiento judicial abierto tras los registros del 22 de octubre han situado a la entidad en el centro de un debate que combina política migratoria, seguridad y derechos fundamentales. La investigación deberá determinar si existieron conductas delictivas y, en su caso, quiénes fueron sus responsables.