El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han refrendado este miércoles los principales pactos alcanzados entre el Govern y ERC para los Presupuestos catalanes de 2026. Entre las medidas acordadas figura la puesta en marcha de una sociedad estatal de inversiones con sede en Cataluña y el compromiso de dotar de recursos suficientes para llegar a una plantilla de 25.000 agentes de Mossos d'Esquadra en 2030.
Estos acuerdos se han validado en las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, celebradas en la sede del Ministerio de Política Territorial. Los encuentros han estado encabezados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.
En la sesión de este miércoles se han tratado tres compromisos clave entre el Govern y ERC para las cuentas de 2026: el impulso de la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña y el cambio en la composición del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasen a tener mayoría.
La línea orbital ferroviaria, un proyecto ya planteado en la etapa del 'tripartit', conectaría las áreas metropolitanas desde Mataró hasta Vilafranca del Penedès sin atravesar Barcelona. El plan contempla una inversión de 5.200 millones de euros, un calendario de ejecución entre 2027 y 2040 y una financiación íntegra por parte del Estado, con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Sociedad estatal de inversiones y cambios en la Zona Franca
Todo este paquete de inversiones se articulará mediante una sociedad mercantil de titularidad estatal “que no necesita pasar por el Congreso”, después de que fracasara en la Cámara baja la aprobación del Consorci d'Inversions por el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Asimismo, socialistas y republicanos han pactado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona dispongan de mayoría en el CZFB, actualmente bajo control del Estado. Con el nuevo reparto, el Estado quedaría con el 40%, la Generalitat con el 45% y el Ayuntamiento con el 15%.
Otro de los puntos cerrados es el traspaso a la Generalitat de las competencias estatutarias en ordenación y gestión del litoral, de forma que Catalunya asuma plenamente las funciones y servicios en este ámbito. En paralelo, se ampliará el patrimonio transferido con la cesión de la segunda planta del Edificio Siza, sede del Centro Meteorológico de Barcelona.
Objetivo: 25.000 Mossos en 2030
En el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales se ha formalizado el acuerdo que asegura la financiación necesaria para el despliegue del cuerpo de Mossos d'Esquadra hasta llegar a los 25.000 efectivos en 2030.
Se trata de un compromiso ya asumido en la anterior Comisión Bilateral, pero que ahora se concreta con un mecanismo de financiación considerado “imprescindible” para hacerlo realidad. La transferencia del Estado se calculará cada año a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021, tomado como ejercicio de referencia. Esa diferencia se multiplicará por el coste de cada nuevo efectivo, fijado en 70.600 euros, obteniéndose así el importe anual a transferir. El acuerdo establece que los 70.600 euros por agente se actualizarán anualmente conforme al IPC.
Según el calendario pactado, la aportación estatal irá aumentando de forma gradual a medida que se produzca el incremento de plantilla, hasta alcanzar en 2030 el objetivo de 25.000 agentes.
Impulso al catalán y a la acción exterior
Ambas administraciones también han decidido abrir nuevas vías de colaboración para extender la formación lingüística en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Cataluña. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo encargado de presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año.
En la misma línea, se ha convenido que el Estado promueva de forma progresiva una mayor presencia de la opción del catalán en los servicios de la Administración digital, sus páginas web y los trámites electrónicos.
En el ámbito de la acción exterior, Gobierno central y Generalitat han acordado reactivar y reforzar una subcomisión específica en esta materia, un órgano previsto pero que hasta ahora no se había puesto en funcionamiento.
IRPF y aeropuertos, pendientes de futuras reuniones
Quedan fuera de esta ronda otros compromisos entre el Govern y ERC que también requieren la participación del Ejecutivo central y que se abordarán en próximas reuniones del órgano bilateral.
Es el caso de la delegación a Catalunya de las competencias para la recaudación del IRPF, un asunto sobre el que republicanos y Gobierno se han comprometido a trabajar “conjuntamente”, según ha señalado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, pero que no se ha tratado en la bilateral de este miércoles.
También “en una futura Comisión Bilateral” se prevé la creación de un órgano Estado-Generalitat para coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario de Catalunya, otro de los puntos literales del acuerdo, que incluye asimismo la constitución de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.