Juan Carlos I ha dado marcha atrás en su intención de llevar nuevamente a Corinna Larsen ante los tribunales por los cerca de 65 millones de euros que le entregó en 2012. Los abogados del anterior jefe del Estado habían estudiado una acción por fraude y delitos contra el honor con la que pretendía reclamar unos 70 millones a su expareja y otros 3,5 millones al abogado suizo Dante Canonica, pero la demanda anunciada en 2025 finalmente no se ha presentado, según publica este sábado El País citando a personas del círculo cercano del rey emérito.
La decisión evita abrir un nuevo capítulo judicial en un conflicto que arrastra desde hace años, pero también vuelve a poner el foco sobre el documento que formalizó aquella transferencia. El texto, de apenas dos folios, fue firmado por Juan Carlos I y Larsen en 2012 y presentado ante el banco que gestionaba los fondos. Su contenido resulta especialmente relevante porque calificaba expresamente la operación como una donación irrevocable, dificultando cualquier intento posterior del donante de exigir que el dinero regresara a su patrimonio.
Los 65 millones procedían de los 100 millones recibidos de Arabia Saudí
El origen del dinero se remonta a 2008, cuando el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí transfirió 100 millones de dólares a una cuenta vinculada a la fundación panameña Lucum, cuyo beneficiario era Juan Carlos I. Al cambio de la época, aquella cantidad equivalía aproximadamente a 65 millones de euros. La cuenta estaba abierta en el banco suizo Mirabaud y era administrada mediante una estructura en la que participaba Dante Canonica.
Cuatro años después, tras el impacto público de la cacería de Botsuana y la decisión de la entidad financiera de cerrar la cuenta, el dinero acabó siendo transferido a Larsen. Ella lo trasladó posteriormente a una cuenta vinculada a una de sus sociedades en Nassau, Bahamas. La versión ofrecida entonces por los representantes de Larsen fue que se trataba de un regalo relacionado con la atención y los cuidados prestados durante años a Juan Carlos I.
Qué dice exactamente el documento
El principal obstáculo para una reclamación está en la propia naturaleza de la entrega. El acta establece que la transferencia era irrevocable, es decir, que en principio Juan Carlos I no podía decidir posteriormente recuperar unilateralmente la cantidad entregada. El documento añade que la operación tampoco quedaría sin efecto por el fallecimiento de cualquiera de las dos partes.
En concreto, si Juan Carlos I fallecía, Larsen no tendría obligación de devolver los fondos a sus herederos. El escrito indicaba además que la donación no afectaba a los derechos de los herederos forzosos del entonces monarca, es decir, Felipe VI y las infantas Elena y Cristina. Ese punto es importante: el documento trataba de dejar constancia de que los 65 millones habían salido definitivamente del patrimonio del donante sin generar posteriormente una deuda de Larsen con sus hijos.
No consta, según la información publicada sobre el documento, que el acta se formalizara ante notario. Sí fue firmada por Juan Carlos I y Corinna Larsen y presentada ante el banco. Esa circunstancia no significa por sí sola que la donación pudiera anularse: sus abogados estudiaron precisamente vías para impugnarla, pero para recuperar el dinero habría sido necesario convencer a un tribunal de que existían razones jurídicas suficientes para dejar sin efecto lo que había quedado firmado como una entrega definitiva.
Juan Carlos I decía sentirse "engañado"
El cambio de estrategia comenzó a tomar forma después del desenlace del procedimiento que Larsen había iniciado contra Juan Carlos I en Londres por supuesto acoso. La Justicia británica acabó desestimando aquella demanda en 2023 por cuestiones jurisdiccionales y el entorno jurídico del emérito empezó posteriormente a estudiar una ofensiva propia contra Larsen y Canonica.
Juan Carlos I sostenía que se había sentido "engañado" y sus abogados llegaron a preparar una reclamación de 70 millones contra Larsen. El plan no se limitaba a discutir la donación: contemplaba también acciones relacionadas con las declaraciones públicas de su expareja y con la gestión que se había hecho de su patrimonio. A Canonica pretendía reclamarle otros 3,5 millones, después de que esa cantidad saliera de la estructura vinculada a Lucum hacia una sociedad relacionada con el abogado.
La gran dificultad de esa estrategia era que el propio Juan Carlos I había dejado por escrito que los 65 millones constituían una donación sin vuelta atrás. Además, existe documentación posterior en la que el emérito volvió a describir la entrega como irrevocable, reforzando la tesis de que Larsen recibió los fondos como beneficiaria final y no simplemente para custodiarlos en nombre del antiguo monarca.
Renunciar a demandar no convierte automáticamente a Larsen en propietaria "por sentencia"
La decisión conocida ahora tampoco equivale a una sentencia que declare quién tiene razón sobre todas las controversias entre ambos. No ha habido un juicio sobre la reclamación de los 65 millones porque la demanda finalmente no se ha presentado. Lo que ocurre es que Juan Carlos I ha decidido no intentar invalidar judicialmente el documento y recuperar ese dinero por esa vía.
En términos prácticos, eso deja intacta la situación nacida de la transferencia de 2012: Larsen recibió los fondos y el documento los calificó como una donación irrevocable. Para alterar esa situación habría sido necesario iniciar una acción judicial y lograr que un tribunal aceptara los argumentos del emérito. Al desistir de hacerlo, no existe actualmente una reclamación pendiente de Juan Carlos I para recuperar esos 65 millones.
Tampoco debe confundirse esta decisión con una renuncia formal y perpetua a cualquier acción imaginable. Lo que las informaciones publicadas acreditan es que el rey emérito ha decidido no presentar la demanda que tenía preparada. Su efecto inmediato es cerrar, al menos en este momento, la ofensiva judicial anunciada en 2025 y evitar un nuevo procedimiento que habría vuelto a examinar el origen, movimiento y destino de la fortuna.
Por qué Juan Carlos I ha decidido no continuar
Según las fuentes citadas por El País, la posibilidad de una nueva batalla legal generó malestar en el entorno de la Casa del Rey y varios amigos próximos a Juan Carlos I le recomendaron que desistiera. El antiguo monarca reside habitualmente en Abu Dabi y su círculo más cercano habría defendido evitar otra exposición judicial y mediática después de años de procedimientos en España, Suiza y Reino Unido.
La decisión resulta especialmente significativa porque los abogados británicos del emérito sí habían defendido la posibilidad de volver a los tribunales tras el desenlace favorable de la demanda de Larsen en Londres. Finalmente ha pesado la opción contraria: no reabrir una disputa que habría obligado a analizar otra vez la fundación Lucum, los fondos recibidos desde Arabia Saudí, la transferencia a Bahamas y las condiciones en las que se produjo la donación.
Qué implica para Felipe VI y las infantas
Uno de los puntos más relevantes del acta afecta a la herencia. El documento establece expresamente que Larsen no tendría que devolver la cantidad a los herederos del donante en caso de muerte de Juan Carlos I y afirma que la donación no perjudicaba los derechos de sus herederos forzosos. Por tanto, los 65 millones no aparecen en el documento como un dinero que Felipe VI, Elena o Cristina puedan reclamar automáticamente en el futuro por formar parte de la herencia de su padre.
La novedad de este sábado no es, en realidad, la existencia del acta, cuyo contenido esencial ya había sido publicado en 2020, sino la decisión de Juan Carlos I de no intentar ahora invalidarla. Ese matiz es fundamental: el documento llevaba años señalando que la entrega era irrevocable; lo que se conoce ahora es que el emérito abandona la estrategia judicial con la que pretendía cuestionar sus efectos y recuperar una fortuna que él mismo había firmado como donación definitiva.