La jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, ha exigido de forma urgente que se incorporen más operarios a los trabajos de retirada de los vagones siniestrados para garantizar que las labores de búsqueda puedan desarrollarse sin interrupciones. La decisión se produce después de que la falta de personal de la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe impidiera continuar los trabajos durante la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, pese a que ya existía un requerimiento judicial para mantener la actividad.
Según ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), la magistrada, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, dictó el sábado una providencia dirigida a la empresa responsable de las grúas para que dispusiera de los trabajadores necesarios y organizara los relevos correspondientes. El objetivo era mantener la retirada de los convoyes durante toda la noche y facilitar la localización de los posibles restos que todavía pudieran encontrarse entre los vagones accidentados.
La orden no pudo cumplirse durante la pasada madrugada debido a la insuficiencia de operarios, aunque los trabajos se reanudaron a las 8:00 horas de este domingo, según ha publicado EL ESPAÑOL. La decisión judicial responde a la necesidad de completar cuanto antes la inspección de los trenes y localizar los restos que pudieran permanecer en el lugar del accidente para proceder a su entrega a los familiares.
La jueza ordena organizar turnos para trabajar sin interrupciones
La magistrada considera prioritario que las labores de búsqueda y retirada de los vagones no vuelvan a detenerse por falta de trabajadores. Por este motivo, su providencia requiere a la empresa de grúas que movilice los medios personales necesarios para establecer los turnos que permitan relevar a los operarios que llevan trabajando desde el accidente del pasado miércoles 28 de octubre.
El requerimiento fue acordado y notificado durante la jornada del sábado, con la intención de que los equipos permanecieran operativos durante la noche. Sin embargo, la empresa no dispuso de personal suficiente para mantener esa actividad, lo que obligó a interrumpir las tareas hasta la mañana siguiente. La nueva exigencia judicial busca evitar que la situación vuelva a repetirse en las próximas horas, cuando todavía continúa la inspección de la zona donde quedaron los trenes siniestrados.
Según el TSJCLM, la prioridad es localizar todos los posibles restos que todavía puedan permanecer en el lugar del accidente y facilitar su entrega a las familias lo antes posible. La retirada de los vagones constituye una parte esencial de estos trabajos, ya que permite acceder a espacios que todavía deben ser revisados. Estas operaciones se desarrollan en una zona sometida a control judicial y policial, donde también deben preservarse los elementos relevantes para la investigación de las causas del siniestro.
Prohibido difundir imágenes e información de las víctimas y sus familias
Junto al requerimiento para reforzar los trabajos, la jueza instructora ha dictado un auto que prohíbe obtener, divulgar o publicar información o imágenes relacionadas con las víctimas del accidente ferroviario y sus familiares. La resolución tiene como finalidad proteger su intimidad, integridad y dignidad, además de evitar que sufran nuevas situaciones de exposición pública durante los días posteriores a la tragedia.
La prohibición establece una excepción para la difusión de aquellos datos que resulten necesarios a efectos de identificación de las víctimas. De esta manera, la magistrada pretende compatibilizar la protección de las personas afectadas con las actuaciones imprescindibles para desarrollar las labores de identificación y mantener informadas a las familias.
El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen públicamente todos los detalles de las diligencias practicadas ni las conclusiones provisionales de los investigadores. La resolución sobre la protección de las víctimas se suma a las medidas adoptadas desde el inicio para controlar el acceso a la zona del siniestro y preservar los posibles indicios.
La Guardia Civil mantiene blindada la zona del accidente de Urda
Mientras continúan las operaciones de retirada de los trenes, la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo para impedir el acceso de personas no autorizadas y garantizar la conservación de las pruebas. Según ha explicado a EFE el portavoz del instituto armado, Pedro Pablo Garrido, el área restringida comprende dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos desde el lugar del accidente.
El operativo incluye drones de vigilancia, agentes a caballo, patrullas de seguridad ciudadana y efectivos especializados en el control de carreteras y caminos cercanos. También participan unidades caninas que continúan buscando restos biológicos entre los elementos del siniestro. El acceso está limitado al personal de las fuerzas de seguridad y a quienes cuentan con la autorización judicial correspondiente.
La jueza ya había ordenado el mismo día del accidente impedir la entrada de personas ajenas a la investigación y evitar la retirada no autorizada de materiales que pudieran constituir pruebas. El sábado, los agentes detectaron un dron particular grabando imágenes en el área restringida e identificaron a su propietario, según informó la Guardia Civil. La vigilancia busca evitar interferencias en las labores de búsqueda y garantizar que los investigadores puedan reconstruir las circunstancias de lo ocurrido.
La Guardia Civil termina de recoger las pertenencias de los pasajeros
En paralelo, la Guardia Civil ha dado por finalizada la recogida de pertenencias de los viajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados en Urda, según han confirmado fuentes del instituto armado a EFE. En ambos convoyes viajaban 525 personas, de las cuales 69 fallecieron en la tragedia ferroviaria del pasado miércoles.
Las pertenencias recuperadas serán entregadas a sus propietarios a través de las empresas ferroviarias responsables de los servicios, que deberán encargarse del correspondiente proceso de devolución. Esta actuación se desarrolla de forma independiente de la búsqueda de restos y de las diligencias destinadas a esclarecer las causas del choque.
A primera hora de este domingo, medio centenar de agentes de la Guardia Civil seguían desplegados en la zona cero, donde ya se habían apartado cinco vagones de las vías, aunque permanecían en las inmediaciones del accidente. La retirada de los trenes se realiza de forma progresiva y bajo las restricciones establecidas para preservar los indicios que puedan resultar relevantes para la investigación judicial.
La exigencia de la jueza de incorporar más operarios pone el foco en la necesidad de mantener los trabajos durante las próximas horas sin nuevas interrupciones. La prioridad sigue siendo completar la búsqueda, facilitar la entrega de los restos a las familias y asegurar que el avance de las tareas de retirada de los vagones sea compatible con la conservación de las pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido en Urda.