QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La creciente oposición al despliegue de las renovables ha obligado al Ministerio de Transición Ecológica a lanzar una consulta pública sobre el Régimen Económico de las Energías Renovables (REER) y el sistema de subastas que sostiene el ambicioso despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos por toda la geografía del país. La consulta acabó este mes de abril.
Según empresas y asociaciones, la iniciativa responde a un significativo cambio de sensibilidad por parte de la Administración. El ministerio quiere que las subastas para adjudicar los proyectos consideren no sólo los precios, sino criterios sociales y medioambientales. En todo caso, será difícil que la reforma tome cuerpo este año.
Plan de renovables y descarbonización
El Gobierno tiene un plan para extender las renovables, descarbonizar la economía y cumplir -de largo- con los compromisos medioambientales de la Unión Europea. El plan para 2023-2030 -adelantado mediante borrador- tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 32% respecto a 1990.
Para ello, prevé alcanzar un 81% de energía renovable en la generación eléctrica, frente al 74% anterior. El plan es ambicioso. Contempla duplicar en 2030 la potencia instalada hasta el momento de eólica, superando los 60 GW, y triplicar la potencia instalada de solar fotovoltaica, hasta los 76 GW.
El Gobierno tiene un plan para extender las renovables, descarbonizar la economía y cumplir -de largo- con los compromisos medioambientales de la Unión Europea
Pero los planes no son nada sin herramientas adecuadas. En la extensión de las energías limpias, la herramienta clave son las subastas. En esencia, una subasta es un proceso que adjudica a las empresas ganadoras la posibilidad de ejecutar un proyecto concreto. Ha habido subastas para instalar renovables desde 2016. Los resultados han sido dispares aunque, en general, han servido para empujar, sobre todo, el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica.
Los tiempos cambian y toca actualizar el marco. El régimen económico de las energías renovables (REER), en el que se integran las subastas, fue aprobado hace cuatro años. Está regulado por el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, y la Orden TED/1161/2020. Servían, pero ya no sirven. Entre otras cosas porque la incertidumbre sobre la evolución de los precios ha aumentado, al tiempo que la extensión de los parques eólicos y fotovoltaicos ha desatado recelos y oposición en amplias zonas del país.
Pilares de la reforma del Gobierno
Así las cosas, el Ministerio de Transición Ecológica ha planteado una reforma con tres pilares: la inclusión de criterios de adjudicación no estrictamente económicos -también sociales y medioambientales-; flexibilización del sistema y la mejora del diseño y procedimiento de las subastas y el régimen económico asociado. Todo para rebajar la oposición social a la instalación de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos en ciertas zonas y asegurar a los promotores ingresos estables en un contexto en el que los precios cero del kW van a ser cada vez más habituales.
En la extensión de las energías limpias, la herramienta clave son las subastas
Se trata de hacer frente a la crítica creciente al despliegue renovable. En Galicia, Cantabria, León, Teruel, Málaga, Valencia o Euskadi surgen periódicamente protestas de comunidades locales por cómo van a instalarse en su territorio grandes infraestructuras de energía renovable. Aseguran que se les ha venido encima un tsunami.
En Castilla-La Mancha, familias que trabajaban 100 hectáreas de cereal para cobrar 30.000 euros al año obtienen tres o cuatro veces más ingresos por alquilar esas tierras para instalaciones renovables. En muchas zonas hay irritación. Un informe elaborado por el Instituto Vasco de Competitividad Orkestra confirma que el rechazo social a proyectos de parques eólicos “impide que se desplieguen las energías renovables al ritmo deseado”.
Distribución de proyectos eólicos
Organizaciones como Aliente o el Observatorio de Sostenibilidad creen que se está creando una desigualdad territorial enorme. En algunas comunidades hay miles de hectáreas de fotovoltaica y en otras, ni una. Aragón, Extremadura, Galicia o las dos Castillas son territorios sacrificados mientras que Madrid, País Vasco o Cataluña se benefician sin ceder apenas espacio.
Estas son las cifras del tsunami según el Atlas de las Energías Renovables 2023 (Observatorio de Sostenibilidad): a finales de 2022 había en España más de 35.000 hectáreas dedicadas a la fotovoltaica (excluidos tejados y superficies artificiales) y 1.345 parques eólicos, con 22.000 aerogeneradores repartidos en 857 municipios.
A finales de 2022 había en España más de 35.000 hectáreas dedicadas a la fotovoltaica (excluidos tejados y superficies artificiales) y 1.345 parques eólicos
Atlas de las Energías Renovables 2023 (Observatorio de Sostenibilidad)
Es hora de reformar. Según el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, ”ha habido un cambio de sensibilidad por parte del Gobierno en el último año. Ese cambio se ha visto en el anuncio de Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hacia la ordenación del territorio y para escuchar a la gente. Eso, cuando el RDL 6/2022 establecía la eliminación de parte de la información pública de los proyectos [renovables] para seguir a la UE y aligerar la declaración de impacto ambiental. Ha habido un cambio viendo que no somos capaces de recoger la aceptación social” concluye Ferrando.
“Las subastas tienen que ser diseñadas de acuerdo a las circunstancias del momento” explica el director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y co-presidente del Consejo Global Solar, José Donoso. Y el momento está marcado por la incertidumbre de precios y la inquietud social. UNEF tiene claro por dónde debe ir la reforma del régimen económico de las renovables y el sistema de subastas.
“Hay que dar prioridad no solo a quién oferta más barato sino a quien se integra mejor en el entorno y respeta la diversidad” sostiene Donoso. Y más cosas: “extender los años del periodo de vigencia, como mínimo a los de amortización de la planta; como mínimo de 15 a 20 años; evitar especulaciones exigiendo proyectos con autorización administrativa avanzada; reservar hueco para pequeños proyectos e integrar en el capítulo de las subastas, el precio del almacenamiento”.
La reforma que el Ministerio de Transición Ecológica ha sometido a consulta pública no nace en el vacío. Aprovecha el trabajo realizado por el Instituto de Transición Justa, asegura Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables: “introduce algo que ya se ha hecho cuando el Ministerio a través del Instituto de Transición Justa ha sacado subastas de puntos de nudos de potencia de alta tensión fruto de los cierres de centrales térmicas”.
Ferrando agrega que “este tipo de subastas de capacidad de acceso a la red se han pedido criterios no pay as bid [en los que un generador recibe exactamente el precio que ha ofertado] sino criterios cualitativos y de redistribución, La enseñanza les ha servido. De pronto se han sensibilizado. Hablan en términos de inclusión, redistribución e involucración”.
Nudos de transición justa
El ministerio que dirige Teresa Ribera explica que los llamados nudos de transición justa son aquellos donde la capacidad de acceso a la red eléctrica -liberada tras el cierre de las centrales térmicas o nucleares cerradas- se adjudica mediante concurso para que sea empleada por nuevas centrales de energías renovables que se conecten en el nudo. La capacidad de acceso se otorga teniendo en cuenta criterios de beneficio socioeconómico y medioambiental para las zonas afectadas por los cierres.
Los llamados nudos de transición justa son aquellos donde la capacidad de acceso a la red eléctrica -liberada tras el cierre de las centrales térmicas o nucleares cerradas- se adjudica mediante concurso
Se consideran elementos como el empleo (con especial atención a mujeres y trabajadores excedentes del carbón), actividades de formación, fomento del autoconsumo, y con particular atención a proyectos empresariales o industriales asociados e inversiones locales, entre otros aspectos. Sobre el papel, se incentiva un círculo virtuoso donde las empresas que quieren desarrollar proyectos de energías renovables deben competir entre sí para mejorar los beneficios socioeconómicos para las poblaciones locales.
José Manuel Ventura (RIC Energía) cree que “la consulta y la reforma que se plantea es positiva porque las renovables se están encontrando con bastante oposición social. Las renovables generan un impacto local reducido. Cobra el Ayuntamiento, pero en general son plantas grandes que no generan mucho empleo. No tienen impacto visible para la población. Se comen el impacto negativo y no ven el positivo, que se reparte en el mejor de los casos”. “Este tipo de medidas aparecían como primeras propuestas en el mecanismo de liberación de capacidad en 2020, pero se ha intensificado en el último año con los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE)”.
Con la reforma se abre un capítulo nuevo en el sistema de subastas que respaldó el despliegue renovable desde 2016. En general, los resultados económicos de las subastas -después de la moratoria renovable declarada en 2013- han sido positivos en términos de reducción de costos, atracción de inversiones y creación de empleo. Con matices.
Las primeras subastas (2016 y 2017), organizadas desde el Ministerio de Industria que dirigía Álvaro Nadal (PP) tuvieron como protagonista destacado a la empresa Forestalia de Fernando Samper, que se hizo con buena parte de la potencia subastada. “Su éxito fue hacer espabilar a las empresas interesadas” resume Ventura (RIC Energía).
A partir de 2020, con nuevo Gobierno, entró en liza el nuevo Régimen Económico de las Energías Renovables (REER). Hubo subastas -hasta cuatro- en 2021 y 2022. La mitad funcionaron bien. El elemento clave era el precio -lograr el más bajo-. En el resto hubo problemas y el calendario de subastas previsto entre 2020 y 2025 no se ha cumplido.
Una reforma necesaria y delicada
Ahora, en un contexto de precios cero e incluso negativos, la reforma es tan necesaria como delicada. Pero toca mover ficha. La última foto no es muy favorable. La última subasta de renovables, celebrada a finales de 2022, fue un fracaso: resultó en la adjudicación de menos de 50 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos, el 1,5% del total sacado a concurso (3.300).
Las grandes eléctricas ni siquiera pujaron y el proceso quedó prácticamente desierto. Hay que corregir. Conviene no olvidar el fin último de las subastas: “dar solución a un fallo del mercado que no permite alcanzar la total descarbonización de la economía” (El Nuevo Régimen Económico de Energías Renovables, Álvaro Cuesta. Universidad de Comillas).
