El microchip de perros y gatos tendrá nuevas reglas en España a partir del 2 de enero de 2027. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece un sistema homogéneo de identificación y registro de animales de compañía en todo el territorio nacional. La norma fija los requisitos técnicos de los dispositivos, los plazos para identificar a las mascotas y las obligaciones de actualización de los registros, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los animales y facilitar su localización en caso de pérdida o abandono.
La principal novedad afecta a la forma de identificar y registrar a los animales. Todos los perros, gatos y hurones deberán contar con un microchip electrónico implantado antes de cumplir tres meses de edad y, en cualquier caso, antes de su primera transmisión a otra persona, ya sea mediante una venta, adopción u otra forma de cambio de titularidad. Esta obligación también se extenderá a determinados animales que hasta ahora estaban excluidos de la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, como los perros de caza, pastoreo, rescate o seguridad.
Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva normativa no significa que los propietarios tengan que cambiar el microchip de sus mascotas. El real decreto establece expresamente que los animales identificados antes de 2027 podrán conservar su dispositivo original, siempre que continúe siendo legible. La medida evita que millones de propietarios tengan que acudir nuevamente al veterinario para sustituir un sistema de identificación que ya cumple su función.
La regulación desarrolla lo previsto en la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que ya contemplaba la identificación obligatoria mediante microchip. Por tanto, no se trata de una obligación completamente nueva para todos los propietarios, sino de una actualización de las condiciones técnicas y administrativas que deberán aplicarse en España.
Qué pasa si tu perro o gato ya tiene microchip: ¿hay que cambiarlo?
Una de las principales dudas que plantea la entrada en vigor del real decreto es qué ocurrirá con los animales que ya están identificados. La respuesta aparece recogida en la disposición transitoria única, que permite conservar los microchips implantados antes del 2 de enero de 2027.
Esto significa que si un perro, gato o hurón ya dispone de un microchip que puede leerse correctamente, no será necesario colocarle otro ni sustituirlo por un modelo nuevo. Tampoco se establece una obligación general de acudir al veterinario para repetir la identificación por el simple hecho de que haya cambiado la legislación.
La excepción se produce cuando el dispositivo deja de funcionar o no puede leerse. En ese caso, el veterinario deberá implantar un nuevo microchip con el mismo código de identificación, dejando constancia del duplicado en el registro autonómico correspondiente. De esta manera, el animal conservará su identidad administrativa y la información asociada a ella.
La normativa también introduce requisitos para los nuevos dispositivos. Como regla general, los microchips deberán implantarse bajo la piel, en el lado izquierdo del cuello, aunque se permite utilizar otra localización cuando exista una justificación veterinaria. Además, deberán cumplir determinadas especificaciones técnicas destinadas a garantizar su lectura y evitar duplicidades.
A partir del 1 de enero de 2028 entrarán en vigor nuevas exigencias sobre la estructura de los códigos de identificación, relacionadas con la normativa europea. Este cambio tampoco obligará a reemplazar los microchips antiguos que sigan funcionando, gracias al régimen transitorio establecido.
Nuevos plazos para registrar mascotas y comunicar cambios de propietario
Otra de las principales novedades se encuentra en la actualización de los registros de animales de compañía. El real decreto establece que cada mascota debe estar inscrita en el registro de la comunidad autónoma donde tenga su residencia habitual, sin que pueda figurar simultáneamente en varios registros autonómicos.
La identificación no se limita a implantar un dispositivo electrónico. También implica asociar su código con los datos del animal y de su propietario, de manera que las autoridades puedan conocer quién es responsable de una mascota cuando se encuentra perdida, es abandonada o necesita asistencia.
Desde enero de 2027 se aplicarán nuevos plazos para comunicar determinados cambios. Cuando un animal cambie de propietario, el nuevo titular deberá comunicar la transmisión al registro correspondiente en un plazo de tres días hábiles. Si la mascota se traslada a otra comunidad autónoma y cambia allí su residencia habitual, deberá inscribirse en el registro del territorio de destino durante el mes siguiente a su llegada.
La normativa también establece que el fallecimiento de un animal deberá comunicarse en un máximo de siete días hábiles, mientras que las mascotas procedentes de otros países que permanezcan en España durante más de seis meses tendrán que incorporarse al registro autonómico correspondiente en las condiciones previstas.
Los propietarios deberán mantener actualizada la información asociada a sus animales, incluidos los datos de contacto. Esta obligación resulta especialmente importante porque el microchip no funciona como un dispositivo GPS. Su utilidad consiste en proporcionar un código que puede leerse mediante un escáner y consultarse en una base de datos para identificar al titular.
Por otra parte, las comunidades autónomas dispondrán de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto para adaptar sus registros al Sistema Central de Registros de Protección Animal (SICERPA). Una vez realizada esa adaptación, los propietarios tendrán otros doce meses para actualizar la información exigida. Por tanto, no todos los titulares deberán completar nuevas gestiones administrativas inmediatamente en enero de 2027.
Los perros de caza y los gatos de colonias también estarán incluidos
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es que amplía y unifica las obligaciones de identificación de distintos grupos de animales, incluidos algunos que estaban excluidos del ámbito general de la Ley de Bienestar Animal.
Entre ellos se encuentran los perros utilizados en actividades cinegéticas, los perros pastores y de guarda de ganado, los animales de rescate y seguridad y los empleados en determinadas actividades profesionales o deportivas. Aunque estas categorías mantienen particularidades legales, deberán cumplir las normas de identificación establecidas por el nuevo real decreto.
La regulación también contempla una situación específica para los gatos comunitarios que viven en colonias felinas. Estos animales deberán identificarse a nombre de la administración local competente en el territorio donde se encuentre la colonia cuando sean capturados para su identificación. En el caso de cachorros recién nacidos, el veterinario responsable podrá determinar cuándo resulta adecuado implantarles el dispositivo.
Además de perros, gatos y hurones, la nueva normativa regula la identificación de determinadas aves de compañía mediante anillado, así como los requisitos que podrán aplicarse a otras especies incluidas en los listados oficiales de animales de compañía.
El objetivo del Gobierno es disponer de un sistema que facilite el seguimiento de los animales desde su nacimiento, reduzca las posibilidades de tráfico y cría ilegal y permita actuar con mayor rapidez ante situaciones de abandono.
Qué multas pueden imponerse por no identificar a una mascota
El incumplimiento de las obligaciones de identificación puede tener consecuencias económicas importantes. La Ley 7/2023 considera infracción grave no cumplir las obligaciones de identificación del animal, una conducta para la que contempla multas de 10.001 a 50.000 euros.
No obstante, esto no significa que cualquier error en los datos del registro o retraso administrativo deba sancionarse automáticamente con esas cantidades. La calificación de la infracción y la sanción aplicable dependerán de las circunstancias concretas, del régimen jurídico correspondiente y del procedimiento administrativo.
Para los animales excluidos del ámbito general de la Ley de Bienestar Animal, el real decreto remite al régimen sancionador de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, por lo que no todas las categorías están sometidas necesariamente a las mismas disposiciones.
La normativa española se enmarca, además, en la adaptación a las nuevas reglas europeas sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. El Reglamento (UE) 2026/1818 establece requisitos comunes de identificación y registro que comenzarán a aplicarse de forma escalonada desde agosto de 2028.
Así, para quienes ya tienen un perro o gato correctamente identificado, la principal comprobación será asegurarse de que el microchip continúa siendo legible y de que los datos del propietario están actualizados. La nueva regulación no obliga a sustituir los dispositivos existentes, pero sí refuerza el control de los registros y establece plazos más precisos para identificar animales jóvenes y comunicar cambios de titularidad o residencia.