El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha alertado sobre el nuevo escenario que se abre en el Sáhara Occidental tras la conclusión del mandato de la misión de Naciones Unidas (MINURSO) y las posibles repercusiones que este cambio puede tener para Canarias.
En una nota pública, ha instado al Gobierno de España y a la Unión Europea a ofrecer una respuesta rápida ante esta coyuntura, subrayando los peligros que implica la desaparición de este instrumento de observación internacional en una zona tan sensible.
En este contexto, ha reclamado la adopción de medidas que permitan sostener la estabilidad regional, respalden el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y aseguren que Canarias tenga voz en las decisiones que inciden de forma directa en su seguridad y en sus intereses estratégicos.
“No se trata de alarmar. Se trata de no llegar tarde”, ha manifestado Morales, recordando que la estabilidad del entorno atlántico es un asunto capital para el porvenir económico, social e institucional del Archipiélago.
Ha recalcado, además, que lo que sucede en el Sáhara no puede verse como algo distante ni ajeno a Canarias, debido a su impacto sobre los espacios marítimos, la gestión del tráfico aéreo, la actividad de los puertos y los flujos migratorios.
De este modo, ha solicitado que España impulse en el seno de Naciones Unidas la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de verificación que dé continuidad al trabajo de vigilancia desarrollado por la MINURSO y evite que la falta de supervisión internacional pueda propiciar una escalada del conflicto.
Igualmente, ha pedido que el Estado español se oponga a cualquier intento de retirar el Sáhara Occidental de la agenda del Consejo de Seguridad y de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, responsable de las cuestiones de descolonización.
Para el presidente del Cabildo, las derivadas de este nuevo contexto “no se limitan al futuro del Sáhara Occidental”, ya que, apuntó, también inciden en la posición de Canarias en el Atlántico y en su capacidad para salvaguardar sus propios intereses, reiterando la necesidad de contar con garantías jurídicas y políticas sobre la delimitación marítima, el entorno del monte Tropic y el mantenimiento de la gestión de la seguridad aérea que actualmente se presta desde Gran Canaria.