La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha presentado como “alternativa” política para la Comunidad Valenciana frente al actual Consell y ha avisado de que los acuerdos entre PP y Vox, como el cerrado recientemente en Extremadura, suponen un modelo cuyas consecuencias, a su entender, “ya se han visto” en territorio valenciano.
Durante su intervención en un foro de la Fundación Conexus Madrid, bajo el título “La Comunidad Valenciana en el futuro de España”, ha subrayado que la ciudadanía valenciana “quiere volver a tener una Generalitat de la que sentirse orgullosa” y ha remarcado que existe una opción política “con equipo y con un proyecto listo para transformar la Comunitat Valenciana”.
En esta línea, Morant ha sostenido que el pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura anticipa escenarios políticos que, según ha recalcado, la Comunidad Valenciana “ya ha experimentado” en la presente legislatura. “Los valencianos esto ya lo hemos visto porque venimos del futuro”, ha afirmado, advirtiendo de que estos acuerdos pueden traducirse en retrocesos en derechos y en políticas públicas.
Ha citado, como ejemplo, que en municipios gobernados por la derecha se estén impulsando iniciativas como la derogación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aludiendo al Ayuntamiento de Elche, algo que, a su juicio, demuestra el alcance institucional de dichos pactos.
Frente a estas “políticas negacionistas”, ha defendido un modelo sustentado en la ciencia, la innovación y la colaboración entre administraciones como vía para afrontar los desafíos sociales y económicos actuales.
Críticas a la gestión de la DANA y al Consell
Morant ha cargado también contra la “negligente gestión” de la alerta de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, una actuación que, según ha dicho, generó “una anomalía institucional de tal calibre” que acabó “provocando” la dimisión del entonces presidente autonómico, Carlos Mazón.
A su entender, la “crisis” política derivada de aquel episodio debería haberse resuelto con una convocatoria electoral, pero finalmente se optó por un relevo en la Presidencia que, según ha señalado, ha dejado “un gobierno en una posición de extremada debilidad y con un proyecto agotado”.
Asimismo, ha reprobado que el actual Consell diera por cerrada en junio la fase de reconstrucción a pesar de que continúan “miles de escolares en barracones sin fecha para volver a la normalidad”. Ha contrapuesto esta situación con la respuesta del Gobierno central, que —ha remarcado— ha activado recursos equivalentes al 10 por ciento del PIB de la provincia de Valencia en un año para atender la emergencia.
En este sentido, ha garantizado que el Ejecutivo seguirá implicado en la reconstrucción “todo el tiempo que haga falta y con todo el dinero que haga falta”, tanto con los ayuntamientos como con la ciudadanía afectada.
En la misma línea, ha acusado al Consell actual de mantener una gestión “paralizada” en áreas clave y de haber abandonado herramientas de planificación impulsadas en la etapa anterior, como los planes de infraestructuras educativas, sanitarias y sociales.
Ha concretado que la Generalitat mantiene sin ejecutar 756 millones de euros de fondos europeos, incluido el 80 por ciento de los dirigidos a vivienda protegida, algo que ha descrito como “renunciar al futuro porque no se tiene un plan de acción”.
También ha lamentado la desaparición de una conselleria específica de ciencia en la estructura del Gobierno valenciano y ha reivindicado que la economía del conocimiento debe situarse “en el centro del proyecto de futuro” de la autonomía.
Debate sobre la financiación autonómica
En materia de financiación, la ministra ha defendido la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y ha recalcado que la Comunidad Valenciana “llevaba demasiado tiempo siendo la comunidad peor financiada de España”.
Según ha expuesto, el nuevo modelo supondría un aumento de recursos para reforzar los servicios públicos esenciales y la capacidad de inversión de la autonomía. Ha insistido en que aceptar este esquema permitiría avanzar en la equidad territorial y ha urgido al Consell a apoyarlo, al considerar que “rechazarlo sería incomprensible” para una de las comunidades históricamente infrafinanciadas. “Es una oportunidad que no podemos dejar perder”, ha enfatizado.
Caso de las viviendas en Alicante
Por último, Morant ha aludido a la imputación de 15 personas en Alicante por la adjudicación irregular de viviendas de protección pública, entre ellas la exconcejal de Urbanismo, personal técnico municipal y responsables de la cooperativa promotora.
En este contexto, ha reclamado a la Generalitat que intervenga para revertir la situación y asegurar la devolución de las viviendas asignadas de forma irregular, al tiempo que ha pedido su adhesión al nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno.
“La sociedad está harta de los caraduras que se saltan las colas y especulan con un bien básico”, ha zanjado.