El programa de Vivienda que el Partido Popular y Vox han firmado para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Extremadura —que probablemente se materializará la próxima semana, toda vez que María Guardiola sea investida presidenta de esta región— se ha colado en el top ten de los titulares mediáticos y políticos, en un periodo marcado por las negociaciones de los ejecutivos de Aragón y Extremadura y por las futuras elecciones del 17 de mayo en Andalucía.
El acuñamiento de «Prioridad nacional», emulando quizá el eslogan «America First» de Donald Trump, ha servido para alentar una polémica que está en la calle por una posible lectura racista que se le atribuye desde determinados círculos.
A este respecto, fuentes de Vox consultadas por Demócrata tratan de quitarle hierro al asunto y desvelar las claves, sin trampa ni cartón, señalando que «el enfoque es primar, no descartar. Por eso -matizan- se priorizará a quienes tienen más puntos de baremación para fijar la población en Extremadura. Pero no vamos a discriminar a nadie, no vamos a dejar a nadie atrás. Ahora bien -aclaran- sí se tendrá en cuenta en esa baremación el arraigo familiar, formativo y profesional o un mínimo de empadronamiento de 10 años, como ya ocurre en Madrid con la última revisión normativa que se hizo el año pasado», anotan.
De este modo, un chico procedente de Marruecos o de Colombia -ponen como ejemplo-, que lleva viviendo diez años con su familia en Extremadura, que ha estudiado en la zona en la que vive y que profesionalmente se ha desarrollado también allí, por supuesto que tiene los mismos derechos que cualquier español, apostillan nuestras fuentes.
Por otra parte -defienden-, no parece de recibo que se critique que, para ofrecer ayudas a la vivienda, se priorice a los españoles que tienen arraigo en Extremadura, donde además pagan los impuestos, y luego no se repruebe que, para ser guardia municipal de un pueblo de Cataluña, te pidan el C2 de catalán. «¿Eso no es discriminación?», apuntan.
Un acuerdo solo de puntos comunes
El programa de Vivienda consensuado entre PP y Vox -aseguran a este medio- es el resultado de un acuerdo que ha aglutinado solo los puntos comunes, prescindiendo de las materias en este terreno donde era imposible cerrar un pacto.
Para estas dos formaciones políticas, una vez hecho el diagnóstico, que constata que el principal problema de la vivienda en España, y en Extremadura, es la falta de oferta, el siguiente paso normativo será la reforma de la Ley 11/2018, de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (LOTUS).
El objetivo es promover un marco jurídico más flexible, ágil y competitivo que facilite el desarrollo urbano y económico de Extremadura y consolide población en el territorio y favorezca el acceso a la vivienda. Para este cambio, el futuro ejecutivo extremeño se plantea un horizonte antes de finales de 2027.
Así, la clave de bóveda de la reforma pasa por la ampliación de la oferta, la revisión y reducción de cargas urbanísticas y fiscales, la supresión de trabas administrativas para la instalación de actividades industriales, la aplicación de la declaración responsable como trámite general frente a la licencia y la liberalización del suelo no protegido y la agilización de la transformación urbanística.
La lucha contra el fraude en los empadronamientos
En esta parcela de vivienda cobra especial relevancia la lucha contra la ocupación de vivienda y en contra los empadronamientos fraudulentos, asunto en el que ha tenido su aportación la doctora en Derecho Elena Ramallo, experta, por otra parte, en temas de violencia contra mujeres y menores.
La intención programática es exigir al Gobierno de España, adecuándose siempre a la legalidad vigente, la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para así impedir el uso fraudulento del padrón municipal.
La finalidad es promover que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda -o documentación equivalente- sea considerada nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones.
Un programa en manos del PP
Además —añade el programa de vivienda, que será gestionado por una consejería del Partido Popular—, esta partida presupuestaria también contempla la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva, según la cual se procederá a la creación de la Unidad Extremeña de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva como instrumento clave para combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales.
Entre sus funciones principales se incluirán la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude.
Detectar pisos patera vs incentivos
La Unidad de coordinación y cooperación tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados «pisos patera».
Se trata de ayudar -explican fuentes de Vox a Demócrata-, sobre todo a aquellos ayuntamientos pequeños a los que les cuesta mayor esfuerzo comprobar el fraude, por falta de recursos, ya que se está detectando un incremento de gastos sociales y ayudas para gente que ni siquiera vive en esa localidad.
El programa de vivienda de PP y Vox incluye también la construcción de 3.500 viviendas sociales de colaboración público-privada en cuatro años; la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados; la bajada de los tipos del ITP o una nueva línea de avales públicos para familias, a través de AVANTE, con la que cubrir el coste total de financiar el pago del impuesto durante 10 años para una vivienda de precio máximo de 200.000 euros, adquirida por una familia numerosa o monoparental, menores de 36 años y personas con discapacidad; y, por otro lado, la bonificación del 100 % de las comisiones e intereses devengados.
De forma paralela, se acuerda el impulso y apoyo de una proposición de ley en las Cortes Generales al objeto de modificar el régimen jurídico del aplazamiento y fraccionamiento aplicable al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con el fin de posibilitar el fraccionamiento del importe para la adquisición de vivienda destinada a domicilio habitual hasta 10 años.
El fenómeno del fraude en los medios
A comienzos de abril de este año, El Diario Vasco se hacía eco del trabajo realizado por la Guardia Municipal de San Sebastián (Guipúzcoa), informando de la anulación de hasta 1.500 expedientes de fraude en el empadronamiento.
No es el único medio que se ha hecho eco de noticias como esta. En noviembre de 2025, el diario El País recogía una noticia sobre el mercado negro ilegal detectado en Madrid a la hora de empadronar a extranjeros en domicilios o locales por hasta 300 euros.
En enero de 2025 era El Mundo quien denunciaba fraudes de empadronamiento en domicilios de Tres Cantos con hasta 70 personas inscritas. Años antes, en diciembre de 2021, la Policía Nacional publicaba en su web la detección de una red de empadronamientos ilegales de extranjeros llevada a cabo por una misma persona en Gandía, que empadronaba en sus viviendas a extranjeros en situación irregular, previo pago de unos 600 euros, para facilitarles la obtención de autorizaciones de residencia, aunque realmente estas personas no vivían allí.
La voz de los expertos
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, observa para Demócrata que «la reforma del padrón municipal necesitará de una ley estatal para combatir la ocupación ilegal cuando no se disponga de título, contrato de arrendamiento o cesión de uso para ocupar la vivienda, lo que supondrá declarar nula de pleno derecho la inscripción en el padrón».
Severino Fernández Cascudo, presidente de la Asociación de Arrendadores de Viviendas de Galicia (ASVAL) y experto en vivienda asequible en arrendamiento protegido y fiscalista, ve positivo el enfoque en la colaboración público- privada que optimizará su funcionamiento. Los planes cuatrienal es de vivienda de toda la vida. Y -añade-, es positivo el enfoque en el arraigo, como tampoco tiene demasiado sentido que se den preferencias de vivienda a quien nunca ha cotizado en España y, por tanto, queden fuera sin derechos todos aquellos que llevan generaciones financiando con sus impuestos".
De todos modos -sostiene-, "creo que esa limitación es solo para la pública. La privada ha de regirse por la renta (IRPF) maxima del inquilino o adquirente, que no tenga otra vivienda que pueda usar, y nunca deben de ser sus inquilinos filtrados por la Administración". Además -indica-, "habrá que ver si su precio máximo de venta cubre el coste de construcción, márgenes, impuestos y financiación de los promotores, es decir, si es realista y permite una actividad real".