El Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado la reforma destinada a endurecer los requisitos para crear nuevas universidades en España, después de que el Tribunal Supremo anulara el pasado octubre el real decreto que había aprobado un año antes. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha abierto un nuevo periodo de información pública que permanecerá activo hasta el 2 de diciembre de 2026, tres días después de las elecciones generales del 29N, lo que impide que la normativa pueda estar aprobada antes de la cita con las urnas.
La iniciativa pretende reforzar los controles sobre la creación de universidades públicas y privadas, especialmente en aspectos relacionados con el número de estudiantes, la cualificación del profesorado, la actividad investigadora y la solvencia económica de las instituciones. El Ejecutivo quiere evitar que se autoricen proyectos universitarios que no acrediten suficientes garantías académicas o financieras, así como impedir que las comunidades autónomas puedan dar luz verde a determinados centros pese a contar con evaluaciones desfavorables sobre su calidad.
Sin embargo, ninguna de estas nuevas exigencias puede considerarse actualmente aprobada en virtud de la reforma de 2025, puesto que el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, por irregularidades en su procedimiento de elaboración. La decisión judicial no cuestionó el contenido de los requisitos, sino la justificación utilizada por el Gobierno para tramitar la norma por la vía de urgencia y prescindir de la consulta pública previa.
El nuevo proyecto recupera buena parte de las condiciones del texto anulado y modifica el marco establecido en el Real Decreto 640/2021, que regula la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades. El Ministerio sostiene que la reforma resulta necesaria ante el crecimiento de los centros privados y la expansión de la enseñanza universitaria por Internet.
Los nuevos requisitos: 4.500 alumnos, investigación y profesores doctores
Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la exigencia de que las nuevas universidades presenten un plan que permita superar los 4.500 estudiantes matriculados en titulaciones oficiales durante sus primeros seis años de actividad. El objetivo del Ministerio es garantizar que los centros dispongan de una dimensión suficiente para sostener sus instalaciones, contratar profesorado y desarrollar actividades docentes e investigadoras.
La propuesta también establece una oferta académica mínima de diez grados, seis másteres universitarios y tres programas de doctorado, con presencia de al menos tres de las cinco grandes ramas de conocimiento. De esta forma, el Ejecutivo busca reforzar el carácter multidisciplinar de las instituciones y evitar que determinados proyectos se concentren exclusivamente en una oferta reducida de titulaciones.
Otro de los pilares de la reforma es la investigación. Las universidades deberán dedicar al menos el 5% de su presupuesto a programas de investigación y transferencia de conocimiento, además de captar recursos procedentes de convocatorias, proyectos y contratos de investigación equivalentes, como mínimo, al 2% de su presupuesto anual.
Estas obligaciones pretenden asegurar que los centros no se limiten a impartir clases, sino que desarrollen también una actividad científica suficiente. La propuesta contempla mecanismos de seguimiento y medidas correctoras en caso de incumplimiento, que podrían llegar a afectar a la autorización de funcionamiento de las universidades.
En relación con el profesorado, el texto exige que al menos el 50% de los docentes de grados y másteres sean doctores. Asimismo, establece que un mínimo del 60% de los profesores doctores con más de seis años desde la obtención del título haya conseguido una evaluación positiva de su actividad investigadora.
El Gobierno también pretende reforzar la transparencia de las instituciones privadas. Los promotores deberán acreditar que disponen de recursos económicos suficientes mediante avales bancarios u otras garantías legalmente admitidas, presentar planes de viabilidad y detallar quiénes son los responsables de su gestión, incluyendo sus posibles vínculos con grupos empresariales o fondos de inversión.
La reforma contempla, además, que las universidades aporten mecanismos que permitan a sus estudiantes terminar las titulaciones iniciadas en caso de cierre del centro o desaparición de alguna de sus enseñanzas.
La ANECA tendrá un papel decisivo y se endurecerá el control de las universidades online
Una de las principales modificaciones afecta al procedimiento de autorización. El Gobierno quiere que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o las agencias autonómicas competentes, emitan un informe preceptivo y vinculante sobre los nuevos proyectos universitarios.
En la práctica, esto significa que una evaluación negativa de la agencia competente impediría autorizar la universidad por el procedimiento ordinario, frente al modelo anterior, en el que las comunidades autónomas podían continuar con la tramitación pese a recibir determinados informes técnicos desfavorables.
El proyecto también introduce un tratamiento específico para las universidades que impartan más del 80% de su actividad docente en modalidad virtual o híbrida. Con carácter general, su creación deberá aprobarse mediante una ley de las Cortes Generales, con determinadas excepciones vinculadas a las características lingüísticas o a la financiación autonómica.
Además, estos centros deberán garantizar que al menos el 75% de su profesorado resida en España o en otro Estado de la Unión Europea, salvo las excepciones previstas. La medida pretende reforzar las garantías de coordinación docente y seguimiento académico en universidades que ofrecen formación a distancia.
El nuevo texto también incorpora exigencias relacionadas con las instalaciones y el alojamiento estudiantil. Entre ellas figura el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento equivalente al 10% de las plazas previstas para determinados cursos de funcionamiento, aunque esta obligación contempla excepciones y no se aplicaría de forma general a las universidades ya existentes.
Por qué el Supremo anuló la reforma y qué sucederá después del 29N
El origen del bloqueo se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de octubre de 2026, que estimó un recurso presentado por el Gobierno de Baleares contra el real decreto aprobado en 2025.
El alto tribunal concluyó que el Ejecutivo no había justificado suficientemente la urgencia utilizada para aprobar la regulación, especialmente porque esta decisión permitió omitir el trámite de consulta pública previa. Los magistrados consideraron que la intención política de conseguir una entrada en vigor rápida no constituía, por sí sola, una causa extraordinaria que justificara prescindir de ese procedimiento.
Tras conocer la resolución, el Gobierno anunció que volvería a impulsar la norma. El presidente, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de reforzar la regulación universitaria y aseguró que "la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades".
El Ministerio abrió una primera consulta pública entre el 15 y el 30 de octubre y ha iniciado ahora una segunda fase de audiencia e información pública, desde el 12 de noviembre hasta el 2 de diciembre.
Esta circunstancia condiciona el calendario político. El Ejecutivo ha confirmado que no aprobará el real decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha señalado que, una vez concluida la participación pública, evaluará la posibilidad de continuar con su tramitación.
La reforma coincide con un momento de expansión del sistema universitario español. Según los datos recogidos por el Ministerio en octubre, España cuenta con 50 universidades públicas y 49 privadas, además de una decena de nuevos proyectos privados que ya habían presentado sus respectivas memorias. El Gobierno utiliza esta evolución como argumento para reforzar los mecanismos de supervisión y exigir garantías homogéneas con independencia de la titularidad de los centros.
En cualquier caso, el proyecto no supondría el cierre automático de las universidades que ya funcionan. El borrador contempla periodos de adaptación de tres años para los centros existentes y de cinco para aquellos de reciente creación, junto con otros plazos específicos para determinados requisitos.
A esta reforma se suma otra iniciativa anunciada por Sánchez en septiembre, dirigida a endurecer las condiciones de calidad de las titulaciones universitarias, con propuestas sobre la cualificación y dedicación del profesorado y la presencialidad necesaria en determinadas enseñanzas sanitarias. Se trata de un proyecto diferenciado que tampoco debe confundirse con obligaciones ya aprobadas.
Por ahora, la reforma sobre creación de universidades continúa pendiente de completar su tramitación. El 2 de diciembre será la siguiente fecha clave, cuando finalice el periodo de información pública y el Ministerio pueda valorar la continuidad de un proyecto que ya fue anulado por el Supremo y cuyo futuro dependerá también del escenario político posterior a las elecciones generales.