Este domingo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Caprichos del destino, tres días después, el 6 de diciembre, se celebra el Día de la Constitución en España. Ambas aristas tiempo ha que van de la mano. Y es que, uno de los grandes acuerdos políticos pendiente entre PSOE y Partido Popular es la reforma de la Carta Magna para eliminar el término “disminuido”, citado en el artículo 49.
El pasado 25 de enero de 2023 se reunieron en el Congreso de los Diputados Félix Bolaños, entonces ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra. La cita sirvió para acordar la reforma constitucional del artículo 49. Sin embargo, nunca terminó de concretarse. Decayó al calor del adelanto electoral.
El acuerdo entre PSOE y PP se cerró en enero en una reunión entre Bolaños y Gamarra, pero decayó por el adelanto electoral.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, han manifestado en diversas ocasiones en los últimos meses su voluntad de retomar aquel pacto. De hecho, el dirigente gallego apremia al líder del Ejecutivo.
Este viernes visitó las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía y aprovechó para apelar al PSOE a consensuar una “reforma constitucional puntual” del artículo 49 para eliminar el término “disminuidos” para referirse a las personas con discapacidad. A su juicio, las conversaciones debieran iniciarse en los primeros compases de la legislatura.
“Espero y deseo que en esta legislatura y, si es posible en los primeros pasos de la misma, podamos cumplir los compromisos con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y hacer una reforma constitucional puntual para que desaparezca de nuestra Constitución el término disminuido y lo sustituyamos por personas con discapacidad”, sentenció.
Esta reforma también fue objeto de debate durante la reunión que ambos líderes mantuvieron en sus respectivas rondas de contacto previas a la investidura. Primero, con Feijóo como candidato y, después, con Sánchez.
La cuestión podría retomarse pronto puesto que Moncloa se lo ha fijado como objetivo. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad para renovar su compromiso.
La cuestión podría retomarse pronto puesto que Moncloa se lo ha fijado como objetivo.
Más allá del término
El Gobierno de Sánchez propuso ya en 2018 eliminar la palabra “disminuido”, y volvió a hacerlo en 2021, pero el PP se oponía. El último intento contó con un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros que no solo contemplaba la supresión del término, sino una modificación tanto del lenguaje como de la estructura y su contenido.
El vigente artículo 49 reza así:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
El anteproyecto de reforma del 2021 propone lo siguiente:
1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. 2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. 3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. 4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos”.