El Sindicato Profesional de la Ertzaintza, SiPE, ha reclamado “garantías reales” de protección para todos los representantes políticos, “independientemente de sus siglas”, y la asunción de responsabilidades tras “los graves” sucesos registrados el pasado sábado en Hernani, donde estaba previsto un acto del cabeza de lista del PP por Gipuzkoa, Jon Etxeberria.
En su comunicado, el sindicato rememora “los graves” disturbios ocurridos en la localidad guipuzcoana, “donde un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, impidió por la fuerza la celebración de un acto electoral del Partido Popular mediante el lanzamiento de huevos, piedras, petardos y otros objetos”.
Según subraya, “la reacción del Ministerio del Interior, que ha solicitado a la Ertzaintza una valoración urgente del riesgo del candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Etxeberria, y la adopción de las correspondientes medidas de protección, pone de manifiesto la gravedad de unos acontecimientos que el SiPE ya denunció públicamente desde el primer momento”.
Para la organización sindical, “resulta absolutamente inadmisible que, en una sociedad democrática, haya ciudadanos y representantes políticos que necesiten protección para poder expresar libremente sus ideas y desarrollar una actividad política sin sufrir amenazas, coacciones o agresiones”. En este sentido, advierte de que “la violencia no puede convertirse en una herramienta para imponer el silencio ni para decidir quién puede estar presente en determinados municipios de Euskadi”.
El SiPE considera “especialmente preocupante que haya sido necesario llegar a una situación de esta gravedad para que se active una respuesta institucional de estas características”, y recalca que ya había avisado de que el operativo previsto en Hernani era “insuficiente y de que existieron importantes deficiencias de planificación y previsión que dejaron en evidencia la capacidad de respuesta de la Ertzaintza ante un escenario de tensión previamente anunciado”.
El sindicato insiste en que los ertzainas “no pueden convertirse en meros espectadores de situaciones en las que grupos organizados de violentos imponen su voluntad mediante la intimidación, mientras los profesionales de la Ertzaintza tienen que afrontar escenarios de enorme tensión sin los recursos operativos y las instrucciones adecuadas”.
Revisión de protocolos y exigencia de responsabilidades
Por este motivo, demanda que se depuren las responsabilidades políticas y operativas que procedan “y se revisen los protocolos de actuación para evitar que episodios como el de Hernani vuelvan a repetirse”.
Al mismo tiempo, el sindicato ve “imprescindible que se garantice la seguridad de todos los actos electorales y políticos, sin excepciones ni discriminaciones ideológicas, y que se dote a los dispositivos policiales de los efectivos, medios y planificación necesarios para prevenir y neutralizar cualquier intento de coacción violenta”.
Finalmente, concluye que “la obligación de garantizar los derechos fundamentales no puede quedarse en declaraciones institucionales posteriores a los incidentes. Debe traducirse en decisiones operativas, previsión policial y protección efectiva tanto de los ciudadanos como de los propios agentes”.