Tardón investiga una reunión del cónsul español en Tánger con la Delegación del Gobierno dos días antes de la entrada masiva en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional trata de esclarecer qué información trasladó el diplomático a las autoridades españolas el 28 de julio, después de que un inspector revelara que se habilitó un carril extraordinario para permitir su entrada en Ceuta. La investigación también apunta a una posible falta de coordinación entre la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional ante las alertas recibidas antes de la crisis fronteriza

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Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno - Europa Press
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga una reunión mantenida el 28 de julio de 2026 entre el cónsul de España en Tánger y Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, apenas 48 horas antes de la entrada masiva de ciudadanos marroquíes en la ciudad autónoma. La magistrada trata de determinar qué información manejaban las autoridades españolas antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y si existieron advertencias que no se tradujeron en medidas para reforzar la vigilancia fronteriza.

Según publica este domingo El Independiente, citando fuentes próximas a la investigación, las partes personadas en el procedimiento podrían solicitar la declaración del representante diplomático para aclarar el contenido del encuentro y conocer si trasladó información sobre los movimientos que se estaban produciendo al otro lado de la frontera. La posibilidad de citar al cónsul surge después de que un inspector de la Policía Nacional revelara ante la jueza que recibió instrucciones para habilitar un carril especial que permitiera al diplomático cruzar de Marruecos a Ceuta con carácter urgente, una actuación que el agente describió como poco habitual.

La declaración se produjo el pasado jueves, cuando tres responsables policiales comparecieron como testigos en el procedimiento que investiga la gestión de la crisis migratoria. El inspector explicó que recibió la orden durante la tarde del 28 de julio y que trasladó la instrucción al jefe de la Brigada de Extranjería, con conocimiento de sus superiores. El cónsul atravesó la frontera en un vehículo diplomático, fue recibido por Gonzalo Sanz y regresó a territorio marroquí esa misma tarde utilizando el paso extraordinario que se había habilitado para su desplazamiento.

Un carril especial y el rumor de una advertencia sobre la entrada masiva

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es el carácter excepcional del dispositivo organizado para facilitar el tránsito del representante diplomático. El inspector que recibió la instrucción aseguró ante Tardón que los funcionarios suelen emplear los pasos ordinarios, mientras que los carriles especiales se reservan normalmente para vehículos como ambulancias o autobuses. "Es muy raro tener que habilitar un carril para alguien", declaró el agente, que también reconoció que nadie le explicó el motivo de la urgencia y que él tampoco solicitó aclaraciones.

A preguntas del fiscal, el funcionario relató que entre los policías destinados en la frontera circulaba el comentario de que el cónsul había viajado a Ceuta para advertir de una entrada masiva de personas desde Marruecos. Sin embargo, precisó que no tenía conocimiento directo de esa supuesta advertencia y que únicamente podía confirmar los rumores escuchados entre sus compañeros. Por tanto, no está acreditado que la reunión tuviera como finalidad alertar sobre los acontecimientos que se producirían dos días después, una cuestión que la investigación deberá esclarecer.

El jefe del puesto fronterizo ofreció una explicación menos excepcional sobre la apertura del carril. Durante su comparecencia señaló que las autoridades pueden agilizar el tránsito de representantes diplomáticos y que existe cierta flexibilidad en la utilización de los pasos fronterizos. Esta versión contrasta con la percepción del inspector que recibió la orden, aunque ambos testimonios coinciden en la existencia del desplazamiento y en la utilización de un acceso específico.

Los mandos policiales aseguran que no recibieron las alertas del CNI

La investigación sobre la visita del cónsul se desarrolla en paralelo a las diligencias destinadas a reconstruir qué información recibió la Delegación del Gobierno antes de la entrada masiva y cómo la transmitió a los responsables del dispositivo policial. Los testimonios recogidos el jueves han puesto de manifiesto discrepancias sobre las comunicaciones entre los servicios de inteligencia, las autoridades gubernativas y los mandos encargados de la seguridad fronteriza.

El jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Ceuta declaró que la Delegación del Gobierno no trasladó a su unidad ninguna advertencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el riesgo de una llegada multitudinaria. El responsable se encontraba de vacaciones durante parte de los días anteriores y no participó en las reuniones celebradas en la Delegación, aunque explicó que en esos encuentros sí se había abordado el incremento de la presión migratoria. Por su parte, el jefe del puesto fronterizo aseguró que tampoco recibió información oficial ni extraoficial de una alerta específica del CNI.

La situación contrasta con el testimonio de otro inspector, que afirmó haber recibido e impreso el 29 de julio, a las 21.09 horas, un aviso de "riesgo extremo" procedente del CENIF, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Pese a ello, sostuvo que no recibió instrucciones para modificar el dispositivo habitual y que carecía de competencias para incrementar los efectivos por iniciativa propia. El responsable del puesto fronterizo señaló igualmente que cualquier refuerzo debía ser ordenado por los superiores policiales o por la Delegación del Gobierno, una instrucción que, según su declaración, no llegó a producirse.

Los agentes compararon esta situación con la respuesta a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando se desplegaron refuerzos y se impartieron órdenes específicas para controlar los accesos. Uno de los mandos fue especialmente crítico con la actuación de julio de 2026 y declaró: "Se lo pusimos muy fácil. No se hizo nada". También relató que, durante las horas anteriores a la entrada masiva, habían recibido avisos sobre concentraciones inusuales de personas en la localidad marroquí de Castillejos y que observó a efectivos marroquíes dirigiendo a grupos hacia el espigón fronterizo. Estas afirmaciones forman parte de los testimonios policiales que deberá valorar la magistrada.

El exdelegado del Gobierno declarará como investigado el 18 de noviembre

Las nuevas revelaciones llegan después de que Tardón citara como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para el próximo 18 de noviembre. La magistrada examina posibles responsabilidades en el marco de una causa por un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado, aunque la condición de investigado no implica que se haya acreditado responsabilidad penal.

Pérez Triano, que dimitió el pasado 28 de septiembre, se convierte así en el primer investigado en unas diligencias que también analizan las advertencias recibidas por la Delegación del Gobierno. Su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, aseguró ante la jueza que informó a su superior de los avisos trasladados por un miembro del CNI el 29 de julio, una versión que el exdelegado negó. Sanz aportó además 19 mensajes intercambiados con Pérez Triano, cuya relevancia deberá determinarse durante la instrucción.

La magistrada también ha solicitado documentación de los servicios de inteligencia después de que el Gobierno accediera a desclasificar informes relacionados con los acontecimientos de julio. Asimismo, ha acordado recabar información sobre las anomalías que afectaron a las comunicaciones operativas durante la crisis y las grabaciones de llamadas recibidas por la Guardia Civil. Tardón ha dejado claro que, por el momento, no existen elementos objetivos que permitan afirmar que se produjeron ciberataques, sabotajes digitales u otras interferencias tecnológicas deliberadas, aunque considera necesario comprobar el origen de esas incidencias.

La posible declaración del cónsul de España en Tánger añadiría una nueva pieza a la reconstrucción de las horas previas a la crisis. La investigación deberá determinar si las autoridades españolas recibieron advertencias suficientes, quién tuvo conocimiento de ellas y por qué no se adoptaron medidas adicionales de prevención. De momento, la visita diplomática del 28 de julio está respaldada por los testimonios policiales, pero sigue sin conocerse con certeza qué se trató durante aquella reunión y si guardaba relación con la entrada masiva que se produciría dos días después.