El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a un decreto ley que introduce medidas “urgentes” para potenciar los usos silvopastorales en los montes con el fin de prevenir los incendios forestales en la comunidad. En la práctica, se trata de favorecer el aprovechamiento de los pastos forestales mediante ganadería extensiva organizada de forma controlada.
Según ha detallado la Junta en un comunicado, esta norma se pone en marcha ante la previsión de una campaña de alto riesgo en 2026 y como respuesta a una situación climática, ambiental y socioeconómica especialmente delicada. El propósito esencial es “reducir la carga de combustible vegetal en los montes públicos y trabajar en la prevención mediante el pastoreo controlado de ganado extensivo”.
El Gobierno andaluz recuerda que la comunidad dispone de un amplio patrimonio forestal de gran importancia ecológica, social y económica, que desempeña funciones esenciales como la captura de carbono, la regulación del ciclo del agua, la protección del suelo, la conservación de la biodiversidad y el uso recreativo del medio natural.
No obstante, considera que los incendios forestales son la “principal amenaza” para la estabilidad y el mantenimiento de estos ecosistemas, “provocando graves pérdidas ambientales, económicas y sociales, y poniendo en riesgo tanto a la población como a los recursos naturales”. Por este motivo, la lucha preventiva contra el fuego se ha convertido en una de las prioridades de la política forestal de Andalucía.
El decreto ley se aprueba en un escenario marcado por circunstancias excepcionales. Los primeros meses de 2026 han registrado abundantes lluvias en enero y febrero, con acumulados de entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en determinadas áreas, lo que ha originado desbordamientos de cauces y evacuaciones de vecinos en una emergencia sin precedentes.
Posteriormente, la situación ha dado un giro brusco en marzo y abril, con temperaturas inusualmente elevadas, más propias del verano. Aunque esta secuencia ha dejado una vegetación con mayor humedad, el Ejecutivo andaluz advierte de que también ha provocado un crecimiento muy acusado de los combustibles vivos, en especial de los pastizales, lo que eleva de forma notable el riesgo de incendios y complica las labores de extinción.
En este contexto, la Junta subraya el carácter estratégico del uso silvopastoral del monte, es decir, el aprovechamiento de los recursos pastables mediante ganadería extensiva supervisada. El pastoreo, recalca, contribuye directamente a disminuir el exceso de biomasa, genera discontinuidades en la vegetación que frenan el avance del fuego y mejora la vigilancia del territorio gracias a la presencia continuada de los pastores, sobre todo en zonas de orografía complicada.
Esta práctica, además, genera relevantes efectos positivos sobre el medio ambiente, como el incremento de la biodiversidad, la dispersión natural de semillas, la mejora de la estructura del suelo y la disminución de la erosión y de los procesos de desertificación.
La nueva regulación se integra en las líneas de actuación ya desplegadas en los últimos años, como la actualización del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030, la Ley de Montes de Andalucía y la Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva. Todos estos instrumentos reconocen este modelo ganadero como pieza clave para cohesionar el medio rural, prevenir incendios, conservar el paisaje y proteger la biodiversidad.
El eje principal del decreto ley es la bonificación del 100% del canon que abonan los adjudicatarios por los aprovechamientos de pastos en montes públicos de titularidad autonómica. Esta exención se aplicará durante un año desde la entrada en vigor de la norma y persigue, por un lado, estimular el uso del pastoreo como herramienta de prevención y, por otro, aliviar la presión económica que soporta la ganadería extensiva, muy afectada por el encarecimiento de los costes de producción.
Entre esos factores se encuentran la subida del precio del combustible y de otros insumos estratégicos, en un contexto internacional condicionado por la guerra de Irán y la crisis en Oriente Medio, que está poniendo en entredicho la viabilidad de numerosas explotaciones.
Junto a esta bonificación, el decreto ley determina que los futuros pliegos para la enajenación de aprovechamientos de pastos en montes públicos deberán incluir criterios de valoración de carácter ambiental, con especial atención a la contribución real de la actividad ganadera a la prevención de incendios forestales. De este modo, se refuerza la orientación ambiental de la gestión forestal y se reconoce el pastoreo como un servicio ecosistémico de interés general.