Asturias Ganadera ha subrayado que la discusión sobre el control del lobo en Asturias no debe girar en torno al número de ejemplares que se pretende abatir, sino en diseñar mecanismos de gestión que hagan posible compatibilizar la presencia del depredador con la ganadería, después de que el Gobierno asturiano anunciara su intención de abatir 67 lobos.
En una rueda de prensa, la organización ha sostenido que el conflicto con el lobo se ha ido agravando de forma progresiva durante los siete años de Gobierno socialista con el respaldo de IU y ha vinculado parte de esta situación a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que, según ha indicado, ha supuesto una “sobreprotección” del depredador.
Asturias Ganadera ha puesto el foco en la situación del ganado menor, la reciella, cuya presencia considera “tan importante en la ecología de nuestros montes por su labor desbrozadora” y que, según ha afirmado, “prácticamente desapareció”.
La organización ha defendido que las actuaciones de control deben llevarse a cabo de forma inmediata tras los ataques y en las áreas donde se hayan constatado muertes recurrentes de ganado. Según ha explicado, de esta manera los lobos pueden asociar el control con sus ataques y disminuir la reiteración de los daños.
En esta línea, ha considerado “absurdo” abatir un ejemplar un año después en una zona concreta cuando el ganado “ni siquiera está en el monte”, y ha señalado que existen manadas que no atacan de forma habitual al ganado y que, por ello, no suponen un riesgo directo para la actividad ganadera.
Asimismo, Asturias Ganadera ha reclamado que las intervenciones sean recurrentes hasta lograr que los perjuicios sean asumibles para los ganaderos de cada comarca. Ha advertido de que en áreas con escasas alternativas tróficas, donde los lobos cuentan principalmente con el ganado como recurso alimenticio, los ataques continuarán pese a la realización de controles.
Por este motivo, ha planteado delimitar qué zonas deberían ser declaradas “libres de lobo”, entre ellas Cuera, El Sueve o el Monte Llosorio, y actuar “sin dilación” para impedir el asentamiento de manadas en áreas que considera de “máxima incompatibilidad” con la ganadería.
Finalmente, Asturias Ganadera ha solicitado que en los controles participen actores locales, en especial ganaderos y cazadores, por su conocimiento del territorio, y ha pedido que una resolución del Gobierno asturiano garantice su protección frente a posibles denuncias y establezca que sea la Administración la que asuma la responsabilidad de las actuaciones.
La organización ha concluido que la aplicación de estos criterios será la que fije cada año el número de ejemplares abatidos, que “pueden ser 10 o 150”, y ha defendido que deben prevalecer los “criterios cualitativos por encima de los cuantitativos”.