El pleno del Parlament ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrícola y forestal, una norma que ha prosperado gracias al respaldo de PSC-Units, Junts, ERC y PP, mientras que Vox, Comuns, CUP y Aliança Catalana han optado por la abstención.
Esta ley tiene su origen en un decreto ley que la Cámara catalana convalidó el 19 de noviembre de 2025 y que posteriormente se decidió tramitar como proyecto de ley para introducir cambios y debatirlo con mayor profundidad.
Entre las disposiciones recogidas se contempla la ampliación de los supuestos en los que se exime del pago de la tasa de servicios facultativos veterinarios, así como la bonificación de la tasa asociada a la emisión de declaraciones de impacto ambiental.
El texto también prevé ayudas específicas para las explotaciones afectadas por tuberculosis, además de actuaciones en materia de gestión forestal, prevención de incendios y reducción de cargas administrativas.
La finalidad de la ley es responder a la “tendencia a la baja del número de explotaciones agrícolas y ganaderas”, atribuida a crisis encadenadas como el Covid-19, la guerra de Ucrania, la sequía, los incendios y los aranceles de Estados Unidos.