Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha alertado este viernes de la “complicada situación que atraviesan actualmente numerosas explotaciones olivareras, como consecuencia de la combinación de unos elevados costes de producción y unos precios en origen que, en muchos casos, dificultan alcanzar el umbral de rentabilidad”, lo que, por otro lado, “demuestra una vez más la inutilidad de la Ley de la Cadena Alimentaria”.
A través de un comunicado, la federación andaluza de cooperativas ha recordado que “el sector viene soportando durante los últimos años un fuerte incremento de los costes vinculados a la actividad agraria, desde los carburantes y la energía hasta los fertilizantes, la maquinaria, el riego, o la mano de obra”. Esta presión, añaden, “sigue condicionando de manera muy importante los márgenes de los agricultores y obliga a analizar la situación del mercado, no únicamente desde el punto de vista de los volúmenes comercializados, sino fundamentalmente desde la rentabilidad de las explotaciones. De hecho, según el reciente estudio publicado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), los costes medios de producción del olivar se han incrementado alrededor de un 57% durante los últimos seis años”.
En su análisis, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía subraya que “las diferencias son importantes, en función del sistema productivo, pero en el olivar tradicional los costes pueden situarse entre los 4,18 y los 5,31 euros por kilo de aceite, mientras que incluso determinados sistemas intensivos presentan costes superiores a los tres euros por kilo. Esta realidad contrasta con la evolución reciente de las cotizaciones en origen”. Así, “los datos disponibles durante el mes de agosto sitúan los precios del aceite de oliva en niveles que, dependiendo de la categoría y del sistema de explotación, dejan a una parte significativa del olivar con márgenes muy reducidos o directamente por debajo de sus costes de producción”.
La federación califica la coyuntura de “especialmente llamativa”, porque este escenario de precios “coincide con un mercado que mantiene un importante ritmo de comercialización”, ya que “durante el mes de julio las salidas estimadas alcanzaron las 135.312 toneladas, casi 20.000 toneladas por encima de la media de julio de las últimas cinco campañas”. A la vez, las existencias totales se situaban a 31 de julio en unas 568.700 toneladas, tras disminuir en más de 113.000 toneladas frente al mes anterior, lo que, en opinión de la organización, “evidencian que existe actividad comercial y que el aceite de oliva continúa encontrando salida en los mercados”.
No obstante, la entidad insiste en que no se debe centrar el debate solo en las cifras de ventas, advirtiendo de que “el verdadero indicador de sostenibilidad del sector no puede ser cuánto aceite se comercializa, sino si el agricultor puede cubrir sus costes, obtener una remuneración adecuada por su actividad y disponer de capacidad económica para continuar invirtiendo y manteniendo sus explotaciones”. Por ello, considera imprescindible reforzar el trabajo conjunto de todo el tejido productor, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias y con las distintas administraciones.
Exigencias a Bruselas y al Gobierno central
En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía viene reclamando al Ejecutivo central y a la Comisión Europea “un mayor control y seguimiento del aceite de oliva procedente de terceros países que entra en el mercado comunitario, tanto a través de contingentes libres de aranceles, como mediante operaciones acogidas al régimen de perfeccionamiento activo (RPA/TPA)”. A su juicio, resulta “imprescindible garantizar que todo el aceite de oliva que accede al mercado europeo cumpla estrictamente las mismas exigencias normativas, de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria aplicables a la producción comunitaria, así como reforzar la transparencia sobre los volúmenes y destinos de estas operaciones”.
El propósito de estas demandas es “preservar unas condiciones de competencia equilibradas y evitar que estos instrumentos comerciales puedan ser utilizados de forma que distorsionen el funcionamiento normal del mercado o introduzcan una presión artificial a la baja sobre los precios en origen, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea (UE)”.
Más concentración y fuerza negociadora
La federación recuerda que, en un mercado “cada vez más globalizado y dominado por determinados eslabones de la cadena, el productor necesita incrementar su capacidad negociadora” y que, para ello, desde hace décadas viene impulsando “una estrategia centrada en la concentración de la oferta, en la integración empresarial y en la creación de estructuras comerciales cooperativas cada vez más potentes”. La clave, remarcan, no pasa únicamente por aumentar la producción, sino por “sino de vender mejor”, y “posicionar a las cooperativas agroalimentarias andaluzas en los mercados nacionales e internacionales”, al tiempo que se busca “ganar dimensión como llave para acceder directamente a nuevos países y públicos”, mientras se hacen “inversiones en I+D+i, internacionalización y promoción”, y se apuesta por “desarrollar marcas, avanzar en transformación y envasado y, en definitiva, a aproximarse cada vez más al consumidor final”.
Desde la organización se pone de relieve que el sector oleícola español dispone de “una posición productiva privilegiada”, dado que “España es el principal productor mundial de aceite de oliva y Andalucía concentra aproximadamente tres cuartas partes de la producción española. Sin embargo, esa fortaleza productiva debe traducirse también en fortaleza empresarial y comercial”.
El papel clave del modelo cooperativo
En este escenario, la federación defiende que “el sector oleícola debe saber aprovechar aquellas oportunidades empresariales que permitan reforzar su posición en los mercados, ganar dimensión y avanzar en la cadena de valor. Crecer, tanto horizontal, como verticalmente, incorporar músculo comercial, acceder a nuevas redes de distribución y disponer de marcas reconocidas resulta estratégico para acercar el sector productor al consumidor final, y lo es, especialmente, en un modelo cooperativo como el nuestro”.
Recuerda, además, que “detrás de una cooperativa no existe únicamente una estructura empresarial, sino cientos o miles de agricultores profesionales y familias que han decidido unir su producción olivarera para comercializar conjuntamente y defender mejor sus intereses. Las cooperativas permiten que el valor generado por la actividad agraria permanezca en el territorio donde se produce”.
En la misma línea, subrayan que estas entidades “generan empleo, mantienen la actividad económica en numerosos municipios rurales, prestan servicios a sus asociados y contribuyen de manera decisiva al mantenimiento del tejido productivo y social de gran parte de Andalucía. No hay que olvidar que el 65% de la superficie de la comunidad está catalogada como rural y, en estos territorios, las empresas cooperativas agroalimentarias desempeñan un papel esencial para el futuro del olivar”, el cual “pasa por que el valor generado por el olivar andaluz revierta en quienes lo hacen posible”.