La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha encabezado la sesión de la comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en la que se ha validado la asignación por municipios de los fondos reservados para la provincia, por un montante global de 22,5 millones de euros sufragados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
De ese total, 17,5 millones se dirigirán a la modalidad de Garantía de Rentas en 41 municipios gaditanos y 4,9 millones de euros se dedicarán a iniciativas de Empleo Estable, según ha precisado la Subdelegación del Gobierno en una comunicación oficial.
El PFEA persigue impulsar obras y actuaciones en los municipios de la provincia durante los periodos de menor actividad en el campo. En este marco se impulsan proyectos de acondicionamiento de infraestructuras, conservación de espacios naturales y rehabilitación del patrimonio, además de actuaciones para reforzar los servicios municipales y estimular la economía local.
La financiación estatal se orienta a cubrir los costes de personal —salarios y cotizaciones a la Seguridad Social— de las personas trabajadoras del régimen agrario contratadas para ejecutar obras de interés social en localidades con una fuerte dependencia del sector agrícola.
La dotación que el programa PFEA reserva a los municipios de Cádiz ha aumentado “un 28,77% desde el año 2019”, al pasar de 17.474.104,36 euros a los 22.502.750,66 euros actuales, tal y como ha señalado la Administración General del Estado.
De acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, con el programa correspondiente a 2025/2026 están en marcha más de 134 proyectos en la provincia, que representan alrededor de 226.778 jornadas de trabajo y la firma de más de 12.367 contratos.
Los recursos canalizados por el SEPE se destinan a sufragar los gastos de contratación y cotizaciones sociales, siguiendo criterios que valoran la situación laboral de cada localidad y se orientan a personas desempleadas, con especial atención a quienes trabajan de forma eventual en el sector agrario.
El reparto de las partidas se ha acordado en el seno de la comisión provincial, de carácter anual. A las cantidades aprobadas por el Estado se añaden las aportaciones de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, que se destinan a la compra de materiales necesarios para las actuaciones.
En la reunión han participado las entidades que forman parte de la comisión provincial, entre ellas la Diputación, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Cádiz, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, así como la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Tal y como se ha recordado, los proyectos deben ajustarse a “un interés general o social” y ejecutarse de forma directa por las entidades locales o mediante adjudicación, siempre dentro del ámbito de sus competencias.
Para el reparto de los fondos se ha seguido un criterio de asignación proporcional a la oferta y la demanda de empleo agrario en cada municipio, teniendo en cuenta además las cantidades concedidas en el ejercicio anterior.
Tras la aprobación de la distribución por parte de la comisión, se publican las convocatorias de las modalidades de Garantía de Rentas y de Empleo Estable, a partir de las cuales las entidades locales pueden registrar los proyectos que pretendan ejecutar en el periodo 2026-2027.
Son las administraciones locales las que definen las actuaciones que se llevarán a cabo en sus términos municipales, previa consulta con los agentes sociales.
En lo que respecta al reparto de los importes para salarios y seguros sociales por municipio en la modalidad de Garantía de Rentas, financiados por el Gobierno de España, Sanlúcar de Barrameda será el municipio con mayor asignación, con 3,39 millones de euros, seguida de Jerez de la Frontera y Puerto Serrano, con 1,4 millones cada uno. Arcos de la Frontera recibirá 1,4 millones, Bornos contará con 1,2 millones y Alcalá del Valle dispondrá de un millón de euros.
El resto de localidades beneficiarias en esta modalidad obtendrán cuantías inferiores al millón de euros, siendo Benaocaz, en la Sierra de Cádiz, el municipio con menor dotación, con 5.000 euros.