El viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, ha celebrado una reunión de trabajo con representantes de Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha para avanzar en una postura común sobre el futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027, que se remitirá al Ministerio en la primera semana de septiembre.
En este encuentro, desarrollado en un ambiente de diálogo y entendimiento, el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias han intercambiado puntos de vista con la meta de respaldar “una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario”, tal y como ha señalado Martín Aparicio.
Según ha recordado el Gobierno regional, esta cita se enmarca en la línea de trabajo abierta por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la reunión celebrada con las principales organizaciones del campo el pasado mes de abril. Antes de esa fecha, la labor conjunta con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se venía desarrollando desde más de un año atrás y cristalizó en un documento común entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.
En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha volvió a presentar dicho documento en una reunión mantenida en Bruselas. Posteriormente, en octubre, se hizo llegar otro texto al ministro de Agricultura, Luis Planas, con el fin de que, como representante de España ante la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha sobre la futura PAC.
Consenso para reforzar al agricultor activo
Entre los acuerdos alcanzados, el viceconsejero ha subrayado “la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos”.
Las organizaciones presentes y la Junta han remarcado que este enfoque debe mantenerse como uno de los ejes esenciales de la próxima PAC, “para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios”.
Igualmente, se ha apostado por que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien en su totalidad con el futuro fondo único comunitario, “garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, ha añadido Martín Aparicio. En este marco, también se ha analizado la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, contrastando diferentes planteamientos para asegurar una aplicación equilibrada y ajustada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.
Otro de los puntos tratados ha sido la definición de los cultivos que podrían beneficiarse de las nuevas ayudas asociadas que la comunidad propondrá al Ministerio para su eventual inclusión en el siguiente periodo de programación. Tanto las organizaciones agrarias como las Cooperativas han coincidido con la Consejería en la conveniencia de disponer de instrumentos de apoyo específicos para aquellos sectores estratégicos con mayores necesidades desde la óptica económica, social o territorial.
Asimismo, todas las partes han situado el relevo generacional entre las prioridades de la futura PAC, defendiendo un presupuesto propio y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos integradas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.
En esta línea, se ha remarcado la posición que ya planteó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el 172 Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde reclamó que la Política Agraria Común destine el 10 por ciento de sus fondos a políticas de incorporación de jóvenes al campo, acompañadas de medidas como ayudas a la implantación de producciones, acceso a la maquinaria y otros instrumentos de apoyo que faciliten el acceso a la actividad agraria. Un planteamiento que pretende asegurar la viabilidad del sector, la soberanía alimentaria europea y el porvenir del medio rural.