La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) ha expresado su profunda inquietud ante la nueva normativa sobre la pesca de atún rojo anunciada por el Gobierno de España. Según señalan, en el caso de la flota del Estrecho, “que tenía poca cuota”, el incremento concedido “es tan mínima que no le da para seguir viviendo”, lo que, en la práctica, sitúa al sector artesanal al borde de la desaparición.
En declaraciones a Europa Press, Nicolás Fernández, gerente de OPP72, ha detallado que para los barcos que no contaban con “nada, más de un centenar de barquitos que están en unas condiciones súper precarias en el Estrecho, la situación es más que clara”, insistiendo en que este escenario implica “la desaparición de la flota”.
“Nuestras pesquerías han desaparecido porque no tenemos medios porque esto es insostenible y porque se está desmoronando la flota”, ha alertado, lamentando que no tienen “nada” porque muchas especies “se han perdido” y que lo que sí que hay es “algas invasoras y atún”, motivo por el que han solicitado reiteradamente autorización para capturar estos ejemplares.
En esta línea, ha reprochado al Ejecutivo que, pese a admitir “la grave situación” que padecen puertos como Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras o La Línea, la única respuesta sea asignar 64 toneladas para capturas fortuitas, en torno al 3% de una reserva. A su juicio, esta decisión “no es justa” y resulta “totalmente insuficiente para resolver un problema estructural”.
Asimismo, ha recordado que las cuotas vigentes, fijadas en 2019 y basadas en criterios de reparto que se remontan a 2008, “continúan sin cambios significativos en 2026”, algo que, según denuncia, “evidencia una desconexión total con la realidad actual de la pesca artesanal”.
Aunque España dispone “con la mayor cuota de atún rojo de la historia en España”, Fernández sostiene que su distribución “no está siendo equitativa ni está respondiendo a las necesidades reales del sector”, reclamando “dar respuesta a problemas profundos y graves como los que tienen determinadas zonas”, especialmente en el Estrecho, donde “es inviable seguir con la pesca”.
El representante de OPP72 ha subrayado que el conflicto en torno al reparto de la cuota de atún es “un tema político” y no meramente administrativo, y ha acusado a los responsables públicos de la provincia de Cádiz de “no hacer su trabajo ni trasladar el problema que teníamos al Gobierno”.
“Algunos sí habrán hecho su trabajo porque le interesa, pero desde luego interés en lo que nos sucede desde Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea, no. Esa es la verdad”, ha criticado, remarcando que “el que más tenía, estará más contento, y el que no tiene nada o tiene muy poco, no puede estar contento en la vida”.
Desde la organización recalcan que la salida no pasa por retirar cuota a quienes ya disponen de ella, como la flota de Cerco, los pescadores del Cantábrico o de las Islas Canarias, Almadraba o Estrecho, e incluso plantean que podría mejorarse su asignación, sino por “aprovechar este incremento para dar soluciones reales a quienes más dificultades tienen”, un problema que se concentra en el Estrecho de Gibraltar.