La Unió Llauradora i Ramadera ha advertido de que los agricultores y ganaderos valencianos afrontan este verano unos costes de producción muy superiores a los de hace seis años, justo en un periodo en el que muchas explotaciones incrementan su consumo de agua, energía, combustible y otros insumos clave.
Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el índice general de precios pagados por los bienes y servicios utilizados en la actividad agraria se sitúa en 129,54, tomando 2020 como base 100. En la práctica, los 'inputs' agrarios resultan cerca de un 30% más caros que en 2020, si bien algunos de los principales gastos de las explotaciones han experimentado subidas “muy superiores”, tal y como ha señalado la organización en un comunicado.
Los carburantes registran un incremento acumulado de más del 90% desde 2020, los fertilizantes son ahora un 82% más caros y la energía ha repuntado un 48%. También se han encarecido con fuerza los costes de conservación y reparación de maquinaria (+39%), los productos fitosanitarios (+29%) y los gastos generales de las explotaciones (+28%).
El aumento de los fertilizantes preocupa especialmente. Los nitrogenados cuestan ya más del doble que en 2020. La urea del 46%, por ejemplo, ha pasado en un año de 52,69 a 72,84 euros por cada 100 kilos, lo que supone un incremento del 38%. El sulfato amónico del 21% sube cerca de un 30% y el abono 15-15-15 lo hace casi un 19%, una situación que pesa con mayor intensidad durante los meses estivales.
En los cultivos de regadío, a las mayores necesidades de agua se añaden los costes energéticos del bombeo, además del gasto en fertilización, tratamientos fitosanitarios y uso de maquinaria. En los cultivos de secano siguen destacando como cargas principales el combustible, la maquinaria, los tratamientos y los fertilizantes.
En las explotaciones ganaderas, los animales deben ser alimentados, abrevarse y recibir atención diaria con independencia de la coyuntura del mercado, lo que mantiene elevados los costes de piensos, carburantes, electricidad, servicios veterinarios y mantenimiento.
La Unió ha remarcado que esta inflación de los costes agrarios no se traslada de forma homogénea a los precios que perciben los productores. Mientras carburantes y fertilizantes se sitúan un 90% y un 82% por encima de los niveles de 2020, respectivamente, los precios en origen de numerosos productos no compensan el fuerte incremento de los gastos de producción.
De este modo, los precios en origen y destino de distintos productos del campo valenciano muestran un diferencial del 321% en el calabacín, del 385% en la lechuga, del 218% en el pepino, del 263% en el pimiento rojo, del 225% en el pimiento verde, del 245% en el tomate de ensalada, del 424% en el limón, del 147% en el melón y del 208% en la sandía.
En el caso de los productos ganaderos, el diferencial alcanza el 229% en la ternera de primera, el 348% en el cordero, el 187% en el pollo, el 423% en el cerdo y el 238% en el conejo. Estos márgenes, subraya la organización, ponen de manifiesto la “necesidad” de reforzar el funcionamiento de la cadena alimentaria para asegurar que los productores puedan cubrir sus costes y obtener una “remuneración justa” por su trabajo.
La Unió sostiene que resulta “más necesaria que nunca” una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria que impida que el eslabón más débil soporte de forma desproporcionada el aumento de los costes.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha recordado que “cuando llega el verano no podemos apagar el campo. Los cultivos siguen necesitando agua, energía, tratamientos y maquinaria, y los animales hay que alimentarlos y atenderlos todos los días”. Producir alimentos cuesta hoy mucho más que hace seis años y muchos de esos sobrecostes los asume directamente el agricultor o el ganadero”, ha subrayado.
Ante este escenario, La Unió ha reclamado la puesta en marcha definitiva de un gasóleo profesional agrario, dirigido específicamente a agricultores y ganaderos y con una fiscalidad reducida y adaptada tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de los márgenes que permite la normativa europea. La organización considera “necesario” pasar de medidas puntuales o devoluciones posteriores a un sistema estable que abarate directamente el combustible utilizado para producir alimentos. “No tiene sentido que un carburante imprescindible para producir alimentos soporte una fiscalidad concebida fundamentalmente para el consumo ordinario”, ha subrayado Peris.
La Unió reclama asimismo “medidas estructurales” para rebajar la factura energética de las explotaciones y del regadío, mediante el impulso del autoconsumo y las energías renovables, el almacenamiento energético, la modernización de los sistemas de riego y las inversiones en eficiencia energética.
Además, pide actuaciones frente al “fuerte encarecimiento” de los fertilizantes, en especial los nitrogenados, así como el diseño de una estrategia que permita disminuir la dependencia exterior de materias primas esenciales para la producción agraria.
“Si queremos garantizar la producción de alimentos y mantener explotaciones viables, las políticas públicas no pueden limitarse a actuar sobre los precios finales; también tienen que ayudar a reducir los costes estructurales de producir”, ha concluido Peris.