La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha llamado a una concentración este martes, 17 de noviembre, a las 11.00 horas frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en Murcia.
Con esta protesta, la organización agraria quiere trasladar la “indignación” de los regantes de la provincia de Albacete “ante la negativa” del organismo de cuenca a registrar más de 450 expedientes de aprovechamientos de aguas subterráneas de hasta 7.000 metros cúbicos anuales.
La cita se produce tras varias asambleas informativas celebradas en las últimas semanas y después del encuentro mantenido el pasado 26 de octubre entre UPA Castilla-La Mancha, el presidente de la CHS, Mario Andrés Urrea, y la Comisaria de Aguas.
En esa reunión, según la organización agraria, quedó claro el “bloqueo” de la Confederación a estas solicitudes, que se acogen al artículo 54.2 de la Ley de Aguas, donde se reconoce el derecho al uso privativo por disposición legal.
En la rueda de prensa celebrada en Albacete para explicar la movilización, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, incidió en que los agricultores afectados “se sienten estafados” después de haber cumplido todos los requisitos fijados por la propia Administración.
Diez años de trabas y rectificaciones legales
Según ha señalado UPA en una nota de prensa, el conflicto arrastra una década de obstáculos administrativos que ya fueron corregidos en los tribunales. “En 2016, el Plan de Cuenca introdujo la exigencia de autorización previa para estos pequeños aprovechamientos, una medida que dos sentencias del Tribunal Supremo (de marzo y abril de 2019) declararon nula de pleno derecho en aquellas masas de agua que no estuvieran declaradas en riesgo de mal estado”.
Tras esas resoluciones judiciales, explica la organización, la propia CHS remitió en 2021 cartas oficiales a los agricultores implicados en las que reconocía la validez de sus solicitudes. En esas misivas, “el organismo certificaba que las parcelas no se encontraban en masas de agua declaradas en mal estado ni en zona de policía, instando a los regantes a contactar con el Servicio de Guardería Fluvial”. Después de las inspecciones sobre el terreno, los guardas fluviales verificaron que las instalaciones cumplían la normativa y procedieron a precintar los contadores.
“Cinco años después, la Confederación va en contra de sus propios actos y decide que no va a inscribir ninguno”, ha denunciado Morcillo, recordando que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público obliga a las administraciones a respetar los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. “¿Qué va a pasar ahora con estas familias que hicieron inversiones y adaptaron sus cultivos a un pequeño riego de apoyo que contó con el visto bueno oficial?”, se ha preguntado.
Para explicar el bloqueo actual, la Confederación Hidrográfica del Segura invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que los expedientes deben resolverse según la situación hídrica existente en el momento de dictar la resolución, sin tener en cuenta cuándo se ejecutó el pozo o se inició la tramitación.
Frente a esta postura, UPA Castilla-La Mancha insiste en que no se trata de concesiones discrecionales, sino de derechos que la Ley de Aguas reconoce de forma directa. En esta línea, la organización alude a recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que distinguen entre ambos supuestos y determinan que, una vez comprobadas por la Administración las condiciones técnicas de control, como ocurrió en Albacete con las cartas y el precinto de contadores en 2021, el organismo de cuenca queda obligado a inscribir el aprovechamiento.
Por todo ello, UPA Castilla-La Mancha llama a los regantes afectados de la provincia a acudir este martes a las puertas de la CHS en Murcia para exigir el desbloqueo inmediato de sus expedientes.